EL OJO PÚBLICO : Políticos ilusionistas y ciudadanos desilusionados

B OE es el acrónimo de Boletín Oficial del Estado y no de Boletín Ornamental del Estado . Por eso, las leyes que en él se publican de forma regular deben ser normas con razonables posibilidades de hacerse realidad.

Ocurre, sin embargo, que en la política mediática actual, muchos dirigentes democráticos tienden a confundir con una frecuencia preocupante lo que son capaces de ofrecer con lo que están en condiciones de cumplir. Que no es este un vicio característico de España lo demuestra el sabio desafió con que Hillary Clinton retó a Obama durante las primarias demócratas pasadas. Clinton, buena conocedora de que una cosa era predicar y otra dar trigo tras su incapacidad para sacar adelante en su día la reforma sanitaria que había prometido, dijo a Obama que no era lo mismo el florido verso propagandístico de una campaña electoral que la recia prosa del gobierno.

Todos los que tienen en España algo que ver con la puesta en práctica de la ley de dependencia aprobada a bombo y platillo en la primera legislatura socialista conocen hasta qué punto verso y prosa son en la gestión pública cosas diferentes.

De hecho, y contra lo que muchos españoles parecen aceptar, las políticas sociales no se hacen tirando de ley sino garantizando de una forma efectiva que lo previsto en los textos legales podrá ser una día materializado con los correspondientes fondos económicos. Pues, olvidándose del molesto y pequeño detalle de las limitaciones que marca el presupuesto, ¿quién no podría garantizarnos legalmente vacaciones en la luna?

Las comunidades autónomas y el Estado cerraron ayer varios acuerdos sobre la aplicación de la ley de dependencia que, de hecho, suponen rebajar sustancialmente la densidad del compromiso del Estado con una norma que Zapatero consideró un día como la más importante que había aprobado su Gobierno. Tanto, que el ministro responsable de su impulso acabó siendo premiado con el cese. A la postre, lo que el Gobierno ha acabado consiguiendo en una materia tan sensible es que los destinatarios de la ley -a través de mecanismos de copago- y las comunidades que deberán ponerla en marcha acaben siendo los responsables últimos de que el cántaro de la lechera no acabe derramado por el suelo.

Solo hay que esperar que el dinero que no existe para financiar una ley de dependencia que debería beneficiar a los más necesitados no acabe al final yéndose al bolsillo de los constructores amigos del presidente del Gobierno, que hoy se ven en serios aprietos, entre otras cosas, por haber secundado la delirante estrategia ¡no intervencionista! que ahora defiende con uñas y dientes quien antes jugó a aprendiz de brujo con el dinero que sus empresarios de cabecera no tenían.