tribuna : | Pedro Brufao Curiel Presidente de AEMS-Ríos con Vida Fluviocidio en el país de los mil ríos

Este año es especialmente triste en cuanto a la conservación de la seña de identidad de Galicia, sus ríos. Al desastre anunciado del Xallas, esquilmado por su dueño Ferroatlántica, se le suman entre otros el vertido de alquitrán en el Catasol, el de nada menos que 50.000 litros de gasoil en el Miño por parte del ADIF y todavía impune, la extinción total de la fauna íctica del en su día maravilloso Eume por culpa de las obras de la autovía de Ferrol, el cloro de balneario que ha acabado en Cuntis con el Gallo, el vertido de toneladas de lodos en el Tamuxe por parte de Hidrotide, y ahora sustancias químicas que contaminaron el río Lagares. Por otro lado, contemplamos concentraciones parcelarias de tiempos de la autarquía que empotran arroyos en pleno siglo XXI, dragados arrasadores como el del Groba, piscifactorías sin control de vertidos, rellenos de rías sin miramientos y desecación de fervenzas con cuentagotas, a lo que no podemos restar la grave contaminación de Vigo, O Porriño y A Coruña, el que apenas una docena de granjas de las miles que hay cuenten con su actividad en regla y el que centenares de canteras existan al margen del Estado de derecho, alterando gravemente el territorio.

Leyes hay muchas, algunas dignas de elogio, pero parece que en España en general y en Galicia en particular, los débiles oropeles del imperio de la ley hace tiempo que han perdido incluso su lustre. Una vez más el Consello de Contas demuestra que el caos hidroeléctrico se basa en métodos corruptos, siendo en realidad el reparto del agua entre unos cuantos; que la pesca fluvial se basa muy poco en criterios científicos y mucho en la presión de los lugareños; que el disparate de llenar con agua del Eume la cantera de As Pontes sigue adelante; que el asalto hidroeléctrico toma nuevas fuerzas en el Couso, el Verdugo o el Xallas con la complacencia de la Consellería y del Ministerio de Medio Ambiente, muy atrasados en sus labores de dar cumplimiento a la Directiva Marco del Agua y al principio jurídico de no deterioro adicional, vigente desde hace años. Esta celeridad en dar trámite a obras que perjudican el interés general contrasta con la pasividad de los poderes públicos ante la destrucción premeditada y a conciencia de Galicia.

Lo que proponemos se basa en algo simple en principio, pero que cambiaría de raíz un modelo económico depredador y débil, subvencionado y que depende por tanto de vaivenes políticos. Si hablamos de cumplir la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, cuyo fin es el ambiental y no otro, no se pueden seguir otorgando concesiones pensadas con la mentalidad del siglo XIX; más bien hay que desandar el camino, revisar y declarar caducas cientos de concesiones, restaurar ecosistemas eliminando presas y recuperando humedales, ahorrar agua y luz de modo estructural, acabar con las actividades clandestinas del agua, defender la libre competencia y la transparencia en el mercado de la energía y el urbanismo, planificar bien el territorio, poner coto al alicatado de nuestras rías con decenas de miles de nuevas casas sin control, reordenar el sistema de vertidos y limitar la eucaptilización de nuestros montes, entre otras medidas. En definitiva, se trata de pasar del discurso al hecho; de la ley publicada en un diario oficial a su cumplimiento; del ocultismo de decisiones tomadas fuera de despacho oficial a la participación pública real; de eliminar monopolios de poder y abrir a su vez archivos, documentos y, sobre todo, mentes y maneras de pensar y actuar.