La ministra de Ciencia e Innovación quiere que haya más inversión privada en investigación universitaria española: yo también, y además que llegue a todos los campus. La aportación privada a las universidades españolas supone el 4% de los ingresos universitarios, en el caso de Francia se llega al 6% y en el del Reino Unido o Italia se sobrepasa el 10%; pero recordemos que en 1994, en España se rondaba el 6% de aportación.
En España hay más de cincuenta campus universitarios. Se trata así de facilitar el acceso a la educación universitaria a las personas independientemente de donde vivan; esto presenta problemas, entre otros de tipo económico. Por ello es preciso resolver el esquema financiero de las universidades, pero ponerlas en competencia para captar fondos de las empresas tiene sus riesgos. Por ejemplo que se haga la investigación que deseen las empresas, la cual no siempre será la que necesita la sociedad, sobre todo en este tiempo de transición hacia la sostenibilidad.
Las empresas tienen en la mayoría de los casos sus mercados en las comunidades ricas y pobladas, donde además reside el poder político. La experiencia me muestra que a la hora de negociar aportes económicos a las universidades hay tres autonomías que lo tienen más fácil: Cataluña, Madrid y el País Vasco. Desde las demás hay que hacer mayores esfuerzos para conseguir acuerdos entre sus universidades y las empresas de ámbito estatal.
Podemos también preguntarnos dónde están las cátedras empresa, o qué másteres se financian con aporte privado. Me temo que si se consigue aumentar la aportación del 4% actual, esta tampoco se distribuirá de forma equilibrada, o que determinados campus seguirán sin poder atender ciertos temas de interés para su entorno.
El sector privado español tiene poca vocación investigadora. Somos un país con muchas empresas foráneas, que tienen aquí talleres o han cedido licencias. Además, hay que conocer antiguas experiencias; por ejemplo, el sector eléctrico dedicó partidas importantes a la investigación cuando esto estaba ordenado por ley, cuando existía el Programa de Investigación Electrotécnica, PIE, gestionado por OCIDE. Luego la liberalización del sector en 1997 redujo sensiblemente las aportaciones que en parte iban a las universidades.
Espero que retornemos a esa aportación del 6% del año 1994. Pero nos hemos de preocupar de la Universidad con miras más amplias, necesitan debate y devolver la ilusión a los profesores y alumnos.
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