Mientras no se convoque a los gallegos a votar otro Estatuto, Galicia es Galicia aunque en su casa cada uno la llame como le plazca. Lo demás son ganas de enredar, aunque a los enredadores les haya dado cuerda la propia Real Academia Galega. Hace cinco años y solo después de que Fernández del Riego abandonase la presidencia, se reformaron las reglas ortográficas y morfológicas con el pretencioso eslogan Normativa da Concordia. Circunscribir aquel debate y el de ahora a una cuestión lingüística es una ingenuidad, ya que la discordia era entonces y lo es ahora tan ideológica como filológica.
La reforma se aprobó en julio del 2003 con el menosprecio del lusismo residual, al que las modificaciones le siguieron pareciendo españolistas. Por mayoría, se estrenó una segunda normativa a la que sería injusto negarle vocación integradora. Las nuevas normas incluyeron un párrafo sobre las terminaciones en - cia cuya ambigüedad era un puente de plata para la esquizofrenia toponímica en la que hemos desembocado: «Galiza é tamén unha forma lexitimamente galega». Las consecuencias de esa redacción premeditadamente equívoca están a la vista.
Una vez que las urnas otorgaron capacidad de acción en las instituciones autonómicas al BNG, autoproclamado heredero del Sempre en Galiza de Castelao, la actividad oficial discurre por sendas paralelas: el PSOE gobierna en Galicia y el BNG, en Galiza, valiéndose de la anfibología utilizada por la Real Academia en el 2003. El uso que en el ámbito privado haga cada cual de la toponimia o el idioma que utilice merecen siempre respeto, pero la delirante dualidad en la Xunta ni da risa ni escandaliza, simplemente entristece.
Y así estaba el panorama hasta que Touriño forzó a las consellerías del Bloque en marzo a elevar una consulta a la RAG sobre la oportunidad de editar libros oficiales con la denominación Galiza. Víctima de aquella buscada ambigüedad en la reforma de la concordia, la Real Academia ha tenido que emitir un informe contundente pero obvio: la única denominación oficial, normativa y jurídicamente legítima es Galicia.
La defensa de los símbolos de identidad, entre los que sobresale su topónimo, corresponde en primer lugar al presidente. Ahora Touriño tiene sobre la mesa un dictamen del plenario de la RAG que le habilita para acabar con la doble denominación oficial de un mismo país. ¿Lo hará? ¿Puede hacerlo a unos meses de las elecciones? Quizá no, lo cual no le exime del deber de intentarlo, a sabiendas de que sus socios no renunciarán a la utilización ideológica de Galiza con dinero público para diferenciarse de quienes no piensan como ellos. Y es que la Real Academia ha llegado tarde a remediar la esquizofrenia toponímica que nos aflige.
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