El fiscal culpa al juez instructor de que no haya pruebas del saqueo de GEA
VIGO CIUDAD
El juicio quedó visto para sentencia con gran desánimo de los extrabajadores
29 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El juicio por la supuesta descapitalización y desmembramiento de la firma de loza GEA finalizó ayer y quedó visto para sentencia. La sorpresa la dio el fiscal en su informe final al arremeter contra el juez instructor del caso en los años 90. Califica de «llamativa» su investigación porque omitió encargar a un perito independiente que auditase la situación económica real de GEA antes de ser privatizada en 1991. El resultado habría valido como prueba del saqueo pero nadie lo pidió en su día y ahora solo cuentan con un puñado de pistas.
Fue el último jarro de agua fría a las pretensiones de los extrabajadores, que denuncian que la privatización llevó a la quiebra a GEA y dejó en el paro a mil personas a la vez que se volatizaban miles de millones de pesetas. El fiscal calificó de «insostenibles» los cuatro delitos agravados de los que acusan los exempleados del Grupo de Opinión GEA (GOG), entre ellos estafa, alzamiento, apropiación indebida y contra los trabajadores. Sospecha que son un «corta y pega» de su escrito de acusación.
El fiscal recordó que el único delito del que acusa, el alzamiento de bienes, ha prescrito porque el proceso judicial se prolongó de manera excesiva y «con creces», lo que generó inseguridad jurídica a las partes. A pesar de la complejidad del caso, la dilación no estaba justificada.
El Ministerio Público recordó que GEA llegó a ser la segunda generadora de empleo de Galicia y le resulta «llamativo» que, al inicio de la investigación, no se hiciese la auditoría judicial que dictaminase su situación real. Reprochó al juez instructor que tampoco averiguase si realmente existían los planes de viabilidad que alegan los acusados ni que pidiese documentación que justificase la desmembramiento de la empresa, ni tampoco indagó en las causas del posterior concurso y la responsabilidad de los gestores. Ni comprobó a quiénes iban dirigidos los cheques al portados sacados de GEA tras su venta. También echó en falta el informe de la calificación del concurso de acreedores de GEA para ver si se culpabilizó a los gestores.
Rastros sin seguir
La investigación judicial arrancó en 1998 tras conocerse la suspensión de pagos de Vanosa, recién segregada de Álvarez, tras pedir un préstamo poniendo como aval las instalaciones de GEA, lo que equivalía a descapitalizarla. En 1999, una sentencia calificó esta operación de préstamo fraudulento porque no benefició a Vanosa. «Es complejo comprobar el alzamiento de bienes ni que hubiese premeditación con objeto de dilatar los embargos a GEA», admite el fiscal. En aquella época había muchas pistas que no se siguieron como las tres juntas extraordinarias que se celebraron el mismo día en Sevilla, Vigo y Valencia, «lo que es materialmente imposible». Sospecha que la directiva actuó con una lógica financiera que quería obstruir el concurso de GEA.
«El instructor se limitó a hacer las diligencias, llamar a los testigos y pedir documentación de escrituras públicas y auditorías privadas pero sin hacer un análisis contable, lo que deja ahora todo a la interpretación del tribunal», explicó el fiscal a los magistrados de la quinta sección de la Audiencia, con sede en Vigo.
Una teoría es que pudo haber un delito societario o una administración fraudulenta pero nadie acusó de ello. La defensa replicó que el fallo fue de la propia Fiscalía pues le echaba la culpa al instructor cuando era el Ministerio público el que debía «tirar del carro» y pedir más prueba.
A la salida del juicio, un extrabajador confesó su desánimo: «Creo que esto va a acabar en nada viendo la postura del fiscal».
En la sesión de ayer tenían que testificar varios consejeros de administración de la empresa viguesa y altos cargos pero varios, como el exgerente Juan Ramón Guell, ni se presentaron. Y otros alegaron su falta de memoria.
La defensa: «Si engañaron al INI, ¿por qué no se querelló?»
La defensa tuvo allanado el camino con un fiscal que pidió la prescripción del delito y absolver a los incriminados a la vez que arremetía contra el juez instructor y la acusación particular.
Los abogados de los cuatro directivos de GEA procesados (dos de ellos, los hermanos Jiménez, que se defienden entre sí) insisten en que sus clientes «no se han llevado ni una peseta y llevan 22 años indebidamente acusados a pesar de que no está probada la existencia de delitos».
En su informe final, intentaron desmontar las acusaciones por alzamiento de bienes o estafa. Por un lado, niegan que la nueva directiva sacase 115 millones de pesetas en seis cheques al portador de la caja de GEA para pagar su propia compra. Lo atribuyen a un pacto secreto con el Instituto Nacional de Industria (INI).
Por otro, niegan malicia en la hipoteca de la recién creada Vanosa en 1996, cuya finca valía 1.800 millones de pesetas, para pedir un préstamo de 400 del que no pagaron ni una cuota. El banco que financió la privatización se quedó con todo. Lo justifican como un plan de viabilidad que la acusación cree inexistente.
Los testimonios de ayer de varios miembros del consejo de administración no aportaron nada porque nadie les informó de tales pactos. Alegan que abandonaron GEA en 1992, a los cinco meses de asumir el cargo. «Dimitimos porque el barco se hundía, la empresa era abiertamente inviable porque el INI lo vendió pero no se preocupó del reflotamiento. La compañía no valía el importe por el que se vendió, yo no lo hubiese pagado porque hacía falta dinero para la regulación de empleo», dijo Esteban Ceca.
La acusación particular ve además un delito de estafa porque la directiva «engañó» al INI pues no tenía intención de reflotar la empresa sino que compensaron deudas entre sus empresas sin justificar. Un abogado replicó: «Si el INI fue engañado, allí había grandes cerebros para darse cuenta. Serían los verdaderos perjudicados y no el GOG. pero ¿por qué el INI no presentó una querella?». Y otro añadió: «Todos los males parecen hacer empezado en 1991 pero la situación ya era mala antes». Otro sacó a relucir una nulidad previa de la UE, lo que equiparó a lanzar una «bomba nuclear» en este juicio.
La defensa presionó para deslegitimar la presencia de los extrabajadores, que reclaman atrasos, y por presentar «un festival de delitos» sin concretar en su escrito de acusación quién es el culpable. El GOG envió documentos comprometedores al fiscal desde 1996 pero un abogado los ridiculizó: «Eran papeles que les llegaban al buzón».