Bufetes de Vigo reclutan accionistas del Popular para demandar al banco

e. v. pita VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

ÓSCAR VÁZQUEZ

Los inversores perdieron todo su dinero porque las acciones valen cero tras la venta

10 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Varios bufetes de Vigo especializados en finanzas han iniciado la captación de accionistas del Banco Popular que se consideran perjudicados por la reciente venta de la entidad al Santander. Los afectados perdieron toda su inversión porque sus acciones y bonos se evaporaron de un día a otro y su valor es cero.

Fuentes del Grupo ABC cuentan que este bufete vigués recibió varias llamadas y visitas de perjudicados al día siguiente de conocerse la venta para preguntar si tendrían derecho a emprender reclamaciones al Banco Popular. El viernes, el despacho formó un equipo de letrados expertos en asesoramiento tributario y bancario para asistir a los clientes y empleados afectados que habían comprado acciones. «Han difundido una información falsa, realizaron una ampliación de capital de 2.500 millones en el 2016 con cuentas aprobadas, y no reflejaron la situación real de la entidad», dicen fuentes de ABC.

El bufete estudia dirigirse contra los consejeros del Banco Popular y «cómplices» por su «mala gestión» y solicitar la nulidad por falsear la información. «Pronto iniciaremos las acciones judiciales por la vía más garantista para nuestros clientes», dicen fuentes del bufete.

Colón Abogados también ha recibido solicitudes de asesoramiento de antiguos accionistas del Popular, y espera presentar varios casos. El letrado César Mata recomienda que los inversores soliciten al banco documentación que acredite el número de títulos que tenían, la fecha de compra, sus valores y otros datos porque las acciones ya no existen. Hay dos líneas de actuación, explica el juriconsulto.

Una se basa en que no se pasó información veraz al mercado. «Un informe del FROB dice que el banco tenía un patrimonio negativo de entre 2.000 y 8.000 millones; eso no parece que se pueda generar en un día».

La otra línea, según Mata, se basa en que el Popular valía más de lo que se dijo y alguien tiene que ser responsable de llegar hasta la situación de quiebra.

Responsabilidad por quiebra

Por su parte, el abogado vigués Óscar Arce, del Despacho Arquero & Arce Abogados, señala que, en principio, «lo único cierto es que los titulares de acciones del Banco Popular han perdido su dinero a consecuencia de la adquisición del mismo por el Santander al coste de un euro, un runrrún que circula por la calle desde hace ya algún tiempo».

Añade que, en este caso, ha sido determinante, la intervención de la Junta Única de Resolución Europea, creada para evitar que los ciudadanos de a pie volvieran a tener que asumir el gasto o coste de salvar a las entidades bancarias en situación de quiebra.

Arce señala que el consumidor que ha sufrido la pérdida de su dinero por la adquisición de las acciones del Popular siempre puede acudir a la vía judicial para intentar recuperar su dinero, bien vía civil pidiendo la nulidad de la adquisición de estas acciones por vicio en el consentimiento prestado por error, o dolo, «existiendo antecedentes de sobra conocidos», si en la información recibida se ocultaron variables relevantes, se escondió la realidad económica de la entidad, «e incluso si la proporcionada fue falsa, algo que pudo ocurrir en la ampliación de capital».

Arce recalca que también queda abierta la vía penal, a estudiar frente a la entidad o los administradores de la misma por las responsabilidades que pudieran tener en la quiebra de la entidad debido a sus actuaciones u omisiones de las que debieran haber efectuado. «No debemos precipitarnos. Es mejor esperar un poco pues esto es muy reciente y se debe estudiar meticulosamente todas las posibilidades, incluso de una forma particular de cada caso», sostiene.

El bufete virtual Reclamador.es también se ha sumado a la captación de accionistas.

Un cliente vigués recupera 200.000 euros invertidos en bonos subordinados de la entidad

El bufete Asesority lleva varios meses representando a clientes vigueses que quieren anular sus bonos subordinados del Banco Popular (que tras la venta valen cero euros) y otros productos de alto riesgo como los swaps. David Alfaya señala que «llevamos varios casos de bonos y todas las demandas han sido estimadas».

Una sentencia del juzgado de primera instancia número 11 de Vigo devolvió en febrero 200.000 euros a un matrimonio, un comerciante y una ama de casa sin conocimientos financieros, que compró bonos subordinados necesariamente canjeables en acciones del Banco Popular. Un empleado de la sucursal de Nigrán aprovechó su confianza con los demandantes para acudir a su negocio a ofertarles un producto «nuevo, con buenos intereses y sin riesgos». Invirtieron 150.000 euros en octubre del 2009 en bonos subordinados y un año después, otros 50.000.

Tras sufrir pérdidas, aceptaron una quita o canje. En marzo del 2016 pidieron la anulación de los bonos. Los denunciantes argumentaron ante la jueza que la Comisión Nacional del Mercado de Valores había impuesto una sanción por infracción muy grave en relación a la comercialización a determinados clientes de productos financieros entre enero del 2009 y noviembre del 2011. Añadieron que firmaron por error y vicio de consentimiento al no ser informados del riesgo del producto, pues este luego se convertía en acciones del banco. El tribunal admitió que el matrimonio cayó en un error al firmar y anuló los bonos. A cambio, devolverán los 52.589 euros que el banco les pagó en intereses.