El juez ordena registrar la sede de los comuneros de Cabral para buscar contratos de compra de terrenos

Carlos Punzón
c. punzón VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

XOAN CARLOS GIL

La junta rectora recurre el auto, pero optará por entregar una copia de los documentos para evitar la inspección

20 may 2017 . Actualizado a las 04:00 h.

El juzgado de Primera Instancia número tres de Vigo ha ordenado el registro de la sede de la Comunidad de Montes Vecinales de Cabral para localizar contratos privados y escrituras públicas de compraventa y permutas de terrenos llevados a cabo por la entidad entre los años 2011 y 2016. La decisión judicial fechó la realización del registro para el próximo viernes a petición de varios comuneros que desde hace cinco años reclaman la documentación que justifique el gasto de 2,7 millones de euros en la adquisición de terrenos por parte de la directiva de la mancomunidad.

El auto en el que se ordena la acción judicial y en el que se «puede interesarse el auxilio de la fuerza pública tanto para remover cualquier impedimento como para la realización material del registro», se hace eco de la «obstinación en la negativa» a facilitar la documentación demandada. La representación de la dirección de la Comunidad de Montes llegó a mostrar en el juzgado de la existencia de los contratos, pero sin permitir a los demandantes realizar copias para su estudio, alegando no poder facilitar datos protegidos de los intervinientes en las operaciones de transacciones de terrenos y que solo habían sido requeridos a exhibir el expediente sin necesidad de facilitar su consulta.

El magistrado estima como «injustificada» dicha argumentación y declaró de hecho como «no celebrada» la cita en la que la junta rectora comunal exhibió la documentación reclamada.

Los demandantes alegan querer conocer si se produjo en concreto la compra por 800.000 euros de una finca de monte comunal a una agencia inmobiliaria, operación que alegan sería irregular, así como el gasto contraído en otras adquisiciones y permutas de terrenos realizados por los responsables de la entidad.

El auto que ordena la realización del registro y que subraya que «huelga cualquier objeción» a facilitar el acceso a la documentación, advierte que aunque se presume que la ubicación natural de los expedientes es la sede de la Comunidad de Montes, «la actuación pudiera llevarse a cabo en otro lugar si este no fuera fructuoso y existieren indicios de distinta localización».

La representación legal de la junta rectora comunal avanzó ayer la disposición de la directiva a facilitar los contratos requeridos sin necesidad de que se lleve a cabo el registro, recurrido además, aunque el fallo se producirá con posterioridad a la fecha fijada para su realización.

El enfrentamiento entre parte de los comuneros y su directiva se produce tras varios episodios judiciales cruzados y la disputa entre dicho grupo y la junta rectora elegida a cuenta del proyecto comercial de Porto Cabral.