Policía, técnicos municipales y Sanidad inspeccionan un albergue de indigentes
VIGO CIUDAD
Los responsables de Dignidad temen el cierre del local tras el exhaustivo reconocimiento
27 abr 2017 . Actualizado a las 09:30 h.El responsable del albergue Dignidad, el pastor evangélico Suso Aguayo, no daba crédito ayer cuando se presentaron en las dependencias de la calle Toledo la Policía Local, técnicos de seguridad del Concello e inspectores de la Consellería de Sanidad para llevar a cabo una inspección tanto en el propio albergue como en el almacén donde restauran muebles. El reconocimiento se prolongó durante toda la mañana y entre los productos detectados se encontraban yogures caducados o sin refrigerar y medicinas. Tras dar parte los agentes de estos detalles a la Xunta, intervinieron los inspectores de Salud Pública. «Ha sido una inspección en toda regla, está todo el mundo menos el papa. No sé de qué va todo esto», comenta enfadado el religioso. Indica que entre treinta toneladas de comida siempre hay alguna caducada. «Nos dijeron que tiene que estar apartada de la que no lo está. No creo que pase nada por encontrar un kilo de arroz caducado. A lo mejor tenemos que cerrar el almacén y cambiarlo de sitio», añade.
Sobre los aspectos relacionados con la seguridad, se da la circunstancia de que recientemente se habían cambiado los extintores por unos provisionales hasta el lunes, que tendrán los definitivos. «Vienen a buscarme las cosquillas para dar buena imagen, como si fuera un delincuente, cuando lo único que hago es dar techo a unas cincuenta personas que si no, dormirían en la calle. Nos dicen que igual tenemos que cerrar, pero de viva voz, no por escrito», se lamenta de nuevo Aguayo.
Asegura que hacen lo que pueden con los medios que tienen, incluyendo el pago del IVA, el alquiler y el resto de gastos que generan en los locales, y muestra su indignación porque le han pedido hasta la factura de las herramientas con las que restauran muebles. «Hablan de reinserción y si no acogemos nosotros a la gente que está en la calle, ¿qué hacen con ellos? ¿los tiran al mar?», se cuestiona. Para Suso Aguayo, lo que le han hecho es una provocación y está dispuesto a presentarse con los cincuenta usuarios del albergue y sacos de dormir en la Praza do Rei.
El albergue está pendiente de obtener licencia, para lo que deberá llevar a cabo una reforma. El proyecto encargado a un arquitecto supondría una inversión próxima de 50.000 euros, cifra de la que no disponen. Para afrontar las mejoras han decidido que serán Aguayo y los propios usuarios del centro los que ejecuten las obras. La idea es iniciarlas por partes en verano para evitar tener que desalojar a las personas que acoge. Confían que ahora, tras la inspección, todo pueda seguir adelante.
La actuación de los agentes impide a Os Ninguéns y a la Red de Solidaridad salir del armario
La inspección al albergue de Dignidad repercutió también en los colectivos sociales Os Ninguéns y la Red de Solidaridad Popular. Miembros de estas dos entidades se concentraron ayer ante la sede de la delegación de la Xunta en Vigo para denunciar la situación de pobreza que viven algunas familias de la ciudad y reivindicar mejoras en la renta de integración social (risga).
La representación que tenían intención de realizar sobre la salida de un armario tuvo que hacerse sin mueble debido a los problemas surgidos a última hora en la organización Dignidad. Los agentes que inspeccionaban los locales impidieron el traslado del armario en una furgoneta como estaba previsto.
Las reclamaciones de los dos colectivos pasan, en concreto, por aumentar las prestaciones sociales equiparándolas al salario mínimo interprofesional. Quieren que la risga sea individual y que varios miembros de una misma familia tengan derecho a ella. Piden también que se revise el exceso de burocracia al que se ven sometidas las familias para acceder a las ayudas y que se ponga en marcha una historia social única.
Una trabajadora social por cada 8.000 habitantes, urgencias sociales de atención inmediata, parques de viviendas sociales en régimen de alquiler mediante un consorcio municipal y autonómico y la máxima colaboración entre Concello y Xunta son otras de las medidas que reclaman para mejorar la calidad de vida de las personas sin recursos.