La mediación de Os Ninguéns paraliza un desahucio judicial de una pareja en el Casco Vello

Luis Carlos Llera Llorente
luis carlos llera VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

La mujer de 57 años se encontraba en cama y el dueño de la vivienda iba a cambiar ayer la cerradura con permiso del juzgado

26 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La intervención del colectivo Os Ninguéns consiguió paralizar un desahucio judicial previsto para ayer por la mañana. Se trata de una pareja de vecinos del Casco Vello formada por un varón de 58 años, que responde a las iniciales J.D., y un mujer de 57 años, G.R.

Ella se encuentra en cama por su enfermedad, ya que sufre una minusvalía del 65 %, según los baremos de la Seguridad Social. Esta situación hace que no pueda trabajar y recibe una pensión no contributiva de apenas 365 euros mensuales. El hombre también se encuentra desde hace tiempo sin empleo y solamente cobra una renta de integración social, de 399 euros. Ambos comparten una modesta vivienda en la calle Poboadores por la que pagan 240 euros al mes.

Por diversas circunstancias no pudieron hacer frente a las últimas mensualidades y en estos momentos mantienen una deuda en torno de los mil euros. Los inquilino no pudieron pagar varios meses atrasadas al dueño del inmueble, que optó por acudir al juzgado para llevar a cabo la expulsión.

«La mujer está enferma y delicada y ante el desahucio ellos no solicitaron un abogado de oficio», explica Antón Bouzas, coordinador del colectivo Os ninguéns, que lucha contra las situaciones de pobreza extrema y lanzamientos de las personas que no tienen recursos.

Ayer mismo, los miembros del colectivo se aproximaron al juzgado de primera instancia número 10 que tenía que ejecutar el desahucio, pero les dijeron que el procedimiento estaba en marcha y que se acercaran a la vivienda para intentar lograr un aplazamiento in extremis.

Así, el hombre y varios miembros del colectivo social se acercaron a la casa donde la comisión judicial estaba esperando. El dueño de la vivienda estaba acompañado también de un cerrajero dispuesto a cambiar la cerradura.

Tras hablar tranquilamente «la comisión judicial y el dueño de la casa se mostraron receptivos a un aplazamiento», explicó Bouzas que alabó la buen voluntad de los presentes. De este modo, lograron un margen de un semana para poder solventar la deuda. Si no se consigue llegar a un acuerdo de financiación de lo que deben, la pareja deberá entregar las llaves al propietario el próximo martes. «El Concello y la Xunta tienen que tener pisos para personas en esta situación», dijo Antón Bouzas.