Los desalojos de morosos suben un 22 % respecto a hace un año y superan los cien
11 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Las ejecuciones de desahucios han vuelto a repuntar en Vigo. Hay 37 desalojos más de familias que hace un año, un 22 % más. En el primer trimestre de este año, se contabilizaron 166 lanzamientos en Vigo, de los que más de cien fueron expulsiones de inquilinos que no pagaron el alquiler. Equivale a un desalojo de inquilinos por día aunque muchos morosos, tras la sentencia, entregan las llaves al juez y dejan la vivienda libre al casero sin que el juzgado cambie la cerradura.
La comisión judicial avisó a los servicios sociales en tres ocasiones este año tras detectar a desahuciados que vivían con menores que, al quedarse sin techo, podrían quedar en una situación de desprotección. Aplicaron el protocolo para estos casos y la Xunta les buscó un alojamiento en un piso de alquiler social.
El aumento de desahucios en realidad equipara la cifra de este año a la del 2015. El primer trimestre del año pasado fue atípico porque solo se registraron 129 frente a los 167 del 2015. La situación actual es que el volumen de demandas vuelve a alcanzar sus niveles habituales, según explica el letrado judicial de la oficina común de notificaciones y embargos de Vigo, Fernando Varela. «No sé el motivo de la subida, hubo un gran bajón en el 2016 pero volvemos a las cifras del 2015. Dado que no ha habido ninguna reforma legal reciente, todo hace pensar que detrás hay un aumento de las demandas. Siguen al ritmo de la media normal desde que empezó la crisis. Son cifras similares. El que no paga es desalojado. Los desahucios siguen porque los bancos quieren hacerse con los bienes que se adjudican y los caseros buscan cobrar las rentas adeudadas o dejar la casa libre para que la ocupe otro que sí les pague», indica.
La mayoría de las ejecuciones de desahucios son de pisos alquilados pero en lo que va de año hubo dos desalojos de hipotecados que perdieron sus hogares por impago de las cuotas. «Pueden pedir una prórroga de uno o dos meses, el juez se las concede pero en el siguiente trimestre los van desalojar», dice Varela.
El resto de los desahucios por hipoteca afectan a inmuebles deshabitados, como las plazas de garaje, fincas y solares, naves, locales y segundas residencias.
A veces, la comisión judicial iba a dejar libre el piso alquilado y hallaba el mobiliario destrozado. Este trimestre no hubo daños ni tampoco se llamar a la policía para desalojar. Algunas casas estaban en situaciones muy precarias y en malas condiciones.
Notificaciones a Pontevedra
El servicio común de notificaciones y embargos de Vigo ensaya un sistema informático para notificar las resoluciones judiciales a través del correo electrónico, lo que ahorrará papel y transporte. La novedad es que los funcionarios también estarán comunicados con los juzgados de Pontevedra. Actualmente, usan coches eléctricos de la Xunta para transportar los expedientes desde el Casco Vello hasta los juzgados de la calle Lalín.
«A Moaña voy a dormir, mi vida está en Vigo»
La viguesa Mercedes Pérez, madre de tres hijos, fue desahuciada hace un año por impago de alquiler pero tras una movilización de Stop Desahucios y Os Ninguéns, logró que la Xunta le cediese una vivienda social al otro lado de la ría, en Moaña, donde reside.
Su experiencia ha sido «fatal», según contó ayer. Por un lado, el piso donde se aloja con los hijos «tiene averías serias y las tuberías están picadas ya desde que vinimos aquí». A ello se suma otro problema: no ha podido cambiar a su hijo pequeño de su colegio en Vigo porque su exmarido «no me permite cambiarlo a Moaña». La ley exige la firma de ambos y si uno se niega el juzgado puede autorizar el trámite. «He pedido un abogado de oficio para que me lo solucione», dice. Todos los días tiene que llevar y luego buscar al hijo, lo que la obliga a pasar el día en la carretera y gastarse 150 euros en gasolina, toda una fortuna para su familia.
«Debería estar viviendo en Vigo pero el alcalde Abel Caballero no firmó el convenio con la Xunta para hacer viviendas sociales. La única oferta fue la de la Xunta, pero nos lo dio en Moaña. Aquí no hay trabajo, hay que ir a Cangas a fichar a la oficina del INEM y las oportunidades están en Vigo, donde voy a hacer un curso profesional. Me prestan el coche, estoy bastante fastidiada. A Moaña solo voy a dormir porque mi vida está en Vigo. Es una situación sin pies ni cabeza, los políticos no ven ni atienden la situación real de las personas».
Cree que «no hay implicación ni voluntad política» para dar un techo a las familias sin recursos y con hijos a su cargo».