La única oferta para hacer la estación del AVE puede retirarse en dos meses

La única oferta que tiene sobre la mesa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para construir la nueva estación del AVE de Vigo puede irse al garete en cuestión de semanas. La empresa Inmochan España SA, perteneciente al grupo Auchan -el dueño de Alcampo- tiene potestad para retirar su oferta, si quiere, el 18 de abril.

Se lo permite el propio contrato promovido por ADIF, la empresa pública de Fomento que gestiona las estaciones y vías de los trenes. Cualquier empresa podía haber presentado ofertas para construir la estación de Vigo hasta el 18 de octubre. El contrato establece que las empresas solo están obligadas a mantener sus ofertas durante seis meses que se cuentan desde ese momento. A partir del 18 de abril, la empresa no tiene ningún compromiso.

El dato tiene mucha relevancia, ya que el ministro de Fomento confirmó la semana pasada que la estación del AVE se retrasará al menos seis meses. Íñigo de la Serna ha esgrimido dos argumentos. Uno es la inseguridad jurídica generada con la anulación del Plan Xeral del 2008 por parte del Tribunal Supremo. Sin embargo, la Xunta ya ha empezado la tramitación del proyecto para que se acoja a la llamada Ley Vigo, la norma legal gallega que permite que los proyectos de especial interés público se puedan tramitar a pesar de que el Plan Xeral esté anulado. El propio ADIF ha pedido que la situación urbanística se solucione en menos de dos años, así que, a pesar del argumento del ministro, el plazo es suficiente.

La segunda razón de Fomento es que quiere que la Xunta haga el proyecto de la estación intermodal, es decir, de la terminal de autobuses que se integrará en Urzaiz con la terminal del AVE, para acompasarlos y construirlos juntos. La propia Xunta reconoce que no podrá licitarla hasta dentro de al menos seis meses.

Mucho más tarde que el 18 de abril. Para entonces, el contador podría volver a estar a cero si Inmochan da un paso atrás. El mismo punto donde estaba en el año 2011. Entonces, el Gobierno de Zapatero licitó por primera vez el proyecto de la estación del tren de Vigo bajo la modalidad de centro Vialia: estación y centro comercial en una concesión de 50 años. El entonces ministro de Fomento, José Blanco, consideraba que esta fórmula sería atractiva para las empresas y permitiría financiar nuevas construcciones en épocas de crisis.

Pero Vigo es un lugar superpoblado de centros comerciales y, tras el cambio de Gobierno que llevó a la pontevedresa Ana Pastor al sillón de Fomento, ninguna empresa se presentó al concurso.

Pastor volvió a sacar a licitación la estación de Vigo. Permitía a las empresas elegir entre dos modalidades: o bien un proyecto de 83 millones de euros, con 90.000 metros cuadrados de superficie construida, o bien otro de 152 millones con una superficie de 120.000 metros cuadrados. Nuevamente, el concurso quedó desierto.

Antes de abandonar el ministerio, Ana Pastor lo intentó una tercera vez y sacó un concurso por el procedimiento negociado. De esta manera, el ministerio invita a las empresas del sector a que se presenten y, supuestamente, los plazos se acortan. Pero cuando iba a terminar, la ministra decidió alargarlo y dejar la pelota en el tejado del nuevo Gobierno, ya que ella abandonó el Ejecutivo para ser nombrada presidenta del Congreso. Hubo una oferta.

Pero el nuevo ministro ha venido retrasando la adjudicación en los últimos meses. El 1 de diciembre debería haberse zanjado el asunto; el ministerio lo aplazó a enero. Y en enero el ministro confirmó que ahora, aunque por primera vez en cinco años existe una empresa interesada en construir la estación de Vigo, se aplaza sine die. Ni siquiera se ha abierto la oferta de Inmochan para comprobar si se adecúa al pliego de condiciones.

Ahora ya no solo dependerá de Fomento, sino también de la empresa.

ADIF pasa de pedir seguridad jurídica para dentro de dos años a reclamarla para ahora

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