La Corte Europea ha desestimado la mayor parte de los recursos de Vigo

E. V. PITa VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

meira paz

El Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo examinó 25 litigios, muchos de pesca, en tres décadas

05 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Las empresas viguesas no han tenido mucha suerte en sus litigios y recursos presentados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Hay documentados 25 pleitos y 46 autos y sentencias relacionados con Vigo desde 1986. La Corte Europea desestimó la mayoría de los recursos y condenó al pago de las costas a los empresarios vigueses, sobre todo de la pesca, o al Estado español. El lado positivo es que otras decisiones de la sala apoyaron el saneamiento de la contaminada ría de Vigo, la calidad de sus aguas para el baño y promovieron la libre competencia.

El último dictamen ha llegado a un juez de Vigo que preguntó si podía aplicar una directiva europea contra los abusos bancarios para permitir a un moroso que ejerciese su derecho al retracto y reembolsase su deuda a un fondo buitre al mismo precio al que la compró al banco acreedor. El TJUE contestó que la directiva no se podía aplicar porque ya existía un código civil español.

Otra sentencias reciente del tribunal luxemburgués desestima el recurso presentado por el empresario vigués Ibañez Carrera, ligado a la pesca y la construcción. Pidió que se anulase una decisión del Tribunal Constitucional español que le impedía disfrutar de sus derechos. La Corte Europea le contestó que no era competente para pronunciarse sobre la legalidad de la resolución porque el Constitucional no es ni una institución, ni un órgano, ni un organismo de la Unión.

En el 2014, la empresa viguesa Actividades y Exclusivas Comerciales, junto con cuatro más, pidieron al TJUE que anulase la decisión de calificar el sistema español de arrendamiento financiero como una ayuda de estado nueva e incompatible con el mercado interior. Lo mismo pidió el Grupo Iberia de Congelados SA.

Por su parte, Remolcadores Nosa Terra y el Hospital Povisa pidieron en el 2014 que se anulase la decisión que afectaba a la recuperación de las ventajas que les corresponderían como partícipes de ayudas. Había que devolver las ilícitas, lo que perjudicaba a los astilleros, en especial.

En el 2011, la Corte Europea estudió la duda de un juez sobre siete pasajeros que pedían una compensación a Air France por el perjuicio sufrido por grandes retrasos e inconvenientes causados por los problemas técnicos que afectaron a su avión que iba a despegar de París a Vigo en el 2008. El tribunal vio probada la cancelación pero cuestionó las compensaciones suplementarias.

Entre el 2009 y 2011, La Sonrisa de Carmen SL litigó contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior para marcas, dibujos y modelos. La diseñadora viguesa recurrió al TJUE para que autorizase el registro comunitario de la marca mixta Bloomclothes, lo que fue desestimado.

En el 2003, la armadora Vieira presentó un recurso de indemnización por el perjuicio sufrido por la suspensión del pago del saldo de la ayuda financiera concedida a un proyecto para la constitución de una sociedad mixta en el marco del acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la UE y Argentina. Su recurso fue desestimado, lo mismo que uno similar presentado por Pescanova.

Guerra del fletán

Otro gran litigio se remonta a 1999, cuando la pesquera Area Cova y otras 28 firmas de Vigo, apoyadas por la Xunta, reclamaron daños y perjuicios sufridos en 1995 por la aceptación de la Comisión y el Consejo de un total admisible de capturas de 27.000 toneladas de fletán negro en los caladeros del Atlántico Noroccidental y por otro acuerdo bilateral de la UE y Canadá que estableció una cuota de fletán negro de 5.013 toneladas para los armadores comunitarios. El recurso también fue desestimado.

Los pleitos de ayudas a la pesca se remontan incluso a 1994 cuando las viguesas Transacciones Marítimas, Recursos Marinos y Makuspesca recurrieron contra la supresión de la ayuda financiera comunitaria que les había sido concedida para un proyecto de construcción de un barco de pesca. Lograron frenar la ejecución con la condición de que presentasen un aval bancario que garantizase la devolución de las ayudas percibidas.

En 1986, los armadores del Gran Sol (Arposol) arremetieron contra la Comunidad Europea y pedían suspender las medidas de aplicación a los infractores del Acta de adhesión de España y de Portugal. Perdieron.

El transporte de ría fue clave en juicios de Holanda e Italia

La UE y España también litigaron en el 2003 por el transporte de ría en Vigo, porque la comunidad exigía la libre prestación de servicios al cabotaje marítimo ya que había una concesionaria que disfrutaba del monopolio por 20 años. El TJUE dio la razón a Bruselas y eliminó la restricción a la libre competencia porque la ría de Vigo no era un valle fluvial sino que estaba inundado por el mar. Esta sentencia fue clave para resolver pleitos similares en Holanda en el 2014, Italia en el 2013 y Grecia en el 2006 en los que se cuestionaba si las aguas eran marítimas o fluviales.

El Estado también fue condenado en el 2011 por el incumplimiento de la normativa del tratamiento de aguas residuales en Vigo y de las zonas de baño. El Gobierno también perdió al oponerse a ayudas que recibió GEA.