La Valedora do Pobo lamenta que Vigo no participe en el plan de viviendas vacías
VIGO CIUDAD
La institución colgará en su web el rechazo municipal y asegura que seguirá buscando que se incorpore al programa autonómico
26 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La institución del Valedor do Pobo, actualmente a cargo de Milagros Otero Parga, no ha conseguido torcer la voluntad municipal de no incorporarse al Programa de Vivendas Baleiras que impulsa la Xunta. Así se lo ha comunicado a la asociación Os Ninguéns, que reclamó su intervención para conseguirlo.
La valedora ha expresado su desánimo por esta decisión del gobierno que preside Abel Caballero. Ante el fiasco, hará las dos únicas cosas que tiene en su mano. «Lle informamos -trasladó a Os Ninguéns- que a non aceptación da recomendación se incluirá na páxina web desta Institución, así como no informe que anualmente o Valedor do Pobo rende ao Parlamento de Galicia».
«Sendo conscientes do beneficio que a incorporación [de Vigo] ao citado convenio reportaría para a veciñanza en situación de vulnerabilidade, procuraremos seguir propiciando a adhesión ao convenio asinado entre a Fegamp (federación gallega de municipios) e o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de cantas maneiras sexa posible en dereito», precisa.
Os Ninguéns se puso en contacto con la valedora por los tres casos de familias que fueron desahuciadas en primavera, que finalmente lograron una vivienda de la Xunta, aunque dos de ellas fuera de Vigo al no contar con pisos en la ciudad. Según la entidad social, la incorporación del Concello, que tiene 15 pisos de su propiedad en venta en Rosalía de Castro, hubiera evitado el traslado de dos familias a Moaña y Salvaterra.
Desde el gobierno vigués se desdeña el plan autonómico. El alcalde insiste en que el Concello dedica más dinero a evitar desalojos en la ciudad que la Xunta, y que este sistema carece de eficacia. Sin embargo, ayuntamientos de todo el espectro político han optado por integrarse.
El sistema consiste en que la Xunta financia un seguro, con el que se garantiza el cobro del alquiler a los propietarios privados y los daños que pudiera sufrir la propiedad, lo que también alcanza a las viviendas públicas.
Pero, en el caso de Vigo, la Gerencia de Urbanismo precisó que acaba de destinar cuatro viviendas a mujeres en situación e vulnerabilidad, pero mantiene la subasta de los pisos de Rosalía de Castro. Y el área de Benestar Social se escuda en que la política municipal de vivienda no forma parte de sus competencias y corresponde a la Gerencia.
Las obras de Balaídos y la crisis de Zona Franca, a debate en el pleno de hoy
La oposición popular considera de la máxima relevancia que el gobierno vigués dé hoy explicaciones sobre la situación de las obras de Balaídos, cuyo retraso va a complicar el inicio de la liga al Celta. Por su parte, los socialistas han contraprogramado incluyendo una moción sobre el conflicto político que atraviesa Zona Franca tras su veto a los presupuestos.
Respecto al estadio municipal, a menos de un mes del inicio de la liga no se sabe cuando estará colocado el cierre lateral y la cubrición de la grada de Tribuna. La previsión inicial era mediados de agosto, a fin de que la competición oficial pudiera comenzar con normalidad. Y también la liga europea que se iniciará en septiembre.
Sin embargo, las cosas no están saliendo como el Concello preveía debido al mal estado de las columnas de hormigón ya existentes que la van a sujetar. Igualmente, hay problemas con el diseño de la iluminación, que no se ha tenido en cuenta.
La señal de alarma la dio el Celta cuando días atrás confirmó que por las obras no se iba a celebrar el Memorial Quinocho. Ahora ya se sabe que la liga comenzará en precario hasta bien avanzado septiembre o incluso más, pero se descarta el traslado de alguno de los partidos a otro estadio.
Por último, el PP quiere saber el importe del sobrecoste que estos problemas van a generar en la factura que presentará la empresa Copasa, que ejecuta las obras.
Del lado socialista, se pretende derivar el debate en la sesión plenaria hacia Zona Franca, donde el PSOE consiguió mayoría tras relevar a un concejal del PP por otro del PSOE. Tras ello, Caballero vetó los presupuestos exigiendo que inversiones que iba a llevar a cabo el consorcio las ejecutara la Xunta. En concreto, la construcción de una central de transportes (para estacionamiento de camiones) y la cesión de edificios de la ETEA a la Universidad para el Campus do Mar.
En este último proyecto, la gestión de Zona Franca consiste en pagar a la Xunta 5 millones de euros por edificios que cederá luego a la Universidad.