Cifran en más de un centenar los puestos de trabajo indefinido que destruyen
08 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La Asociación Autónoma de Talleres de Reparaciones de Vehículos de Pontevedra (ATRA) contempla impotente el escaso efecto, cuando no nulo, que tienen sus reiteradas denuncias de intrusismo en el sector. «Prácticamente por cada taller clandestino que se legaliza o se cierra abre otro», lamenta el presidente de la entidad, José Rodríguez Simón. De ahí que los números apenas varíen con el paso de los años. «Solo en Vigo hay 60 denunciados, la mayoría en parroquias del extrarradio», señala. En el conjunto de la provincia la cifra supera los 300.
Explica que si bien les consta que se tramitan buena parte de las denuncias que, según el caso, formulan ante la Inspección de Trabajo, el Seprona, la Guardia Civil o la Policía Autonómica, al final todo se termina diluyendo en burocracia, de forma que nada cambia. «Si la Administración quisiera de verdad acabar con el problema, lo haría de un plumazo, porque les estamos diciendo dónde están».
Los empresarios estiman que la erradicación del intrusismo permitiría crear al menos un centenar de puestos de trabajo en Vigo y más de 500 en toda la provincia. «Estamos hablando de empleos indefinidos, porque este es un sector con una temporalidad mínima. Aquí no hay precariedad. Cuesta mucho formar plantillas, por eso, salvo excepciones, nadie contrata por tres o seis meses. Más del 90 % de los trabajadores son fijos».
La afirmación la corrobora el propietario de uno de los talleres asociados a ATRA, que es especialmente crítico con la Administración: «Con los ilegales no hace nada, pero a nosotros nos somete a revisiones constantes. Adaptarnos a cada norma implica inversiones y, mientras tanto, los clandestinos campan a sus anchas». El mismo propietario reparte culpas en otros sectores empresariales, por ejemplo el de suministro de piezas, «que hacen caja con los ilegales», denuncia. Y el de muchos profesionales del transporte público, «que por una parte convocan manifestaciones para denunciar competencia desleal en su terreno y, por otra, llevan a reparar los vehículos a talleres clandestinos».
Rodríguez Simón señala que, a la postre, la ilegalidad es un mal común que aunque notan de forma especial en los talleres, no son los únicos. «Es un problema de país. Tenemos más de un 20 % de economía sumergida. Lo que no se entiende es que algunos funcionarios se limiten a decir ‘estos de ATRA...’ cuando presentamos una denuncia. No se dan cuenta de que esas denuncias son precisamente las que sostienen su puesto de trabajo», dice.
El abanico de infracciones que cometen los ilegales es amplio, y va desde cuestiones laborales a tributarias, pasando por medioambientales y de seguridad. «Para empezar la Administración deja de percibir el 21 % de IVA. Es verdad que los clientes se ahorran ese porcentaje, pero la contrapartida es que no pueden reclamar nada porque no tienen factura y, por tanto, ningún tipo de garantía», dice el presidente de ATRA.
La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) creó en el 2013 una mesa contra el intrusismo, pero hace al menos año y medio que no se reúne.
«Los electricistas piratas se han reducido»Con la crisis prolifera el servicio a domicilio
Ignacio Piñeiro, presidente de la patronal de empresas de electricidad, Instalectra, confirma que aunque el intrusismo sigue siendo alto, «el número de piratas se ha reducido». Dicha reducción se debe a que más del 25 % de las instalaciones hay que documentarlas. Es obligatorio presentar un boletín asociado a una factura. Contra lo que es imposible luchar, dice, es contra las reparaciones que realiza personal no cualificado en domicilios particulares. «Los inspectores no pueden entrar en las casas si no es una orden judicial», dice. La crisis vino a agravar el problema y obligó a reducir plantillas. Algunas empresas han pasado de 35 empleados a 5. Muchos profesionales han tenido que emigrar. «En Catar cada vez se habla más español», dice.
Un sector especialmente castigado es el de las peluquerías. Por la crisis, pero también por el incremento del IVA hasta el 21 %. Solo en el área de Vigo han cerrado más de 150 desde el 2012 y la práctica totalidad de las que han aguantado el tirón, han tenido que reducir plantillas. Parte del intrusismo que soportan viene precisamente de esos cientos de profesionales que quedaron en paro y que, ante la falta de trabajo cuando se les acaba la prestación, han optado por prestar servicio a domicilio. Lavan, cortan, tiñen y hacen manicuras en las casas de las propias clientas. Estas se ahorran el IVA y las peluqueras ilegales se garantizan unos ingresos.