El tribunal administrativo estudia si la adjudicación vulnera los pliegos
30 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Vigo intenta desde el mes de noviembre adjudicar los trabajos de mantenimiento del alumbrado público, de los túneles y de las fuentes de la ciudad. Sin éxito. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un órgano que depende del Ministerio de Hacienda, ha vuelto a paralizar ese contrato, cuando ya estaba a punto de ser adjudicado. Se trata de un expediente valorado en 10,6 millones de euros.
Iba a ser adjudicado a Imesapi, la empresa que actualmente ya gestiona esa misma labor. Pero una competidora, Suministro e Instalaciones Eléctricas Vigo (Sielvigo), recurrió. Se trata del concurso que esta misma empresa ya recurrió porque en él el Concello obliga a contratar a un directivo que cobra 97.000 euros anuales. En ese momento Hacienda lo paralizó y semanas después levantó la suspensión, al no apreciar irregularidades.
Ahora, la empresa pone varios hechos sobre la mesa que considera dudosos. Uno es que en la mesa de contratación que otorgó la mayor puntuación a Imesapi hay un miembro que tiene «relación familiar directa con un empleado» de esa misma empresa. La empresa señala en su recurso que esa persona tenía que haberse ausentado de la mesa de contratación, pero no lo hizo. Por tanto, pone en duda la limpieza.
Esa empresa, según el recurso, incurrió en una baja temeraria. Esto significa que sus ofertas contienen precios desproporcionadamente bajos. La recurrente asegura que se incumplen los pliegos, con rebajas superiores al 40 %.
Al mismo tiempo, recuerda que Imesapi «tiene mayor información del estado actual de las instalaciones», puesto que es la empresa que ya se encarga del mantenimiento de los túneles. El resto de empresas pidieron más información sobre las instalaciones, pero el Ayuntamiento se la negó aduciendo que era intrascendente para la licitación. «Dichas informaciones (inventarios, planos, etc.) resulta que han sido fundamentales en la valoración final», dice el recurso de Sielvigo.
También se queja de que el técnico que ha valorado las ofertas de las empresas no está especializado en cuestiones de iluminación. «Las ha valorado un técnico con experiencia en tráfico, limpieza viaria y con encomienda provisional desde pocos días antes del informe», según el recurso. La valoración de las propuestas incumple los pliegos, según la empresa.
La empresa Sielvigo hizo llegar al gobierno local de Vigo su intención de presentar un recurso. Le pidió que lo evitase solicitando nuevos informes técnicos y jurídicos para valorar, de nuevo, las ofertas. Pero el Concello de Vigo no lo hizo. Así que acudió al tribunal central de contratación.
Cualquier recurso contra una adjudicación provoca la suspensión automática del expediente durante unos días. En este caso, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales considera que «los perjuicios que podrían derivarse para el recurrente del levantamiento de la suspensión son de difícil o imposible reparación», así que decide mantener esa suspensión. Así consta en una resolución firmada el 19 de mayo, a la que ha tenido acceso este periódico.
Ahora, el tribunal administrativo tendrá que estudiar a fondo el recurso antes de decidir si permite la adjudicación o anula el proceso. Mientras tanto, el contrato de 10,6 millones de euros permanecerá paralizado.
El expediente obliga a pagar a un trabajador un salario superior al del alcalde
El contrato del mantenimiento del alumbrado ha estado envuelto en una enorme polémica. En primer lugar, porque la actual adjudicataria es Imesapi, la empresa involucrada en el caso del supuesto enchufe a la cuñada de la teniente de alcalde y presidenta de la Diputación, Carmela Silva. Vanesa Falque fue contratada por esa firma y el juzgado investiga si se debió a órdenes políticas e incluso si iba a trabajar. El juzgado ha llamado a declarar como investigado -la figura jurídica antes conocida como imputado- al edil de Participación Cidadá, Santos Héctor Rodríguez, secretario xeral del PSOE pontevedrés.
La mesa de contratación ha propuesto que Imesapi se quede, de nuevo, con la adjudicación. Incluye nuevas funciones y, por tanto, mayor retribución.
Además, el expediente del contrato obliga a subrogar a 43 personas. Entre ellas, hay un trabajador con un coste laboral de 97.206,48 euros. El alcalde de Vigo percibe 72.500 euros al año, incluyendo sus trienios como profesor de la Universidad de Vigo, de manera que un empleado de una contrata municipal va a cobrar más que el alcalde. Se trata de un trabajador de Imesapi que, si todo sigue su curso, seguirá vinculado a esta empresa; pero la decisión de subrogarlo se tomó cuando no se sabía qué firma se haría con el nuevo contrato.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ya suspendió este expediente cuando la empresa Sielvigo recurrió. Después, la suspensión se levantó. Pero la oposición ha aprovechado estos meses para poner en cuestión el proceso.