Los afectados advierten de que el desalojo, previsto para el 10 y el 19 de mayo, afecta también a seis menores
30 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Son tres casos muy similares. Tres familias que han caído en la sima del desempleo y la falta de ingresos que ha conllevado la imposibilidad de hacer frente a un alquiler con las ayudas sociales que reciben. Las tres tienen hijos pequeños y en el plazo de unos días estarán en la calle. Ante ello han decidido ejercer una medida extrema como es la huelga de hambre para intentar frenar su desalojo.
«Empezaremos el lunes por la mañana en la puerta del Concello. Elegimos este lugar como medida de presión para un alcalde y un gobierno municipal que no han querido recibirnos», explica Ricardo Martínez, portavoz de los tres. Junto a él asienten Isabel Fernández y Merchi Pérez, las otras dos afectadas.
En dos de los casos se celebrará la vista judicial que oficializará su expulsión el próximo viernes, 6 de mayo, y el día 10, fecha prefijada, tendrá lugar el desahucio. La otra familia dispone solo de unos días más, hasta el 19, para quedarse en la calle.
Viven en lugares distintos e incluso alejados (Torrecedeira, Lavadores y Casablanca), pero coinciden en tener todos hijos menores (tres, dos y uno, respectivamente) y en adeudar varios miles de euros a sus arrendadores. Dos son familias monoparentales, mujeres separadas, que como en el caso de Ricardo por distintos motivos perdieron sus empleos y se han visto abocadas a la indigencia. Por el medio se cruzaron circunstancias de otro tipo como enfermedades o violencia de género.
El resultado final es que ahora están a punto de no tener dónde vivir, situación terrible por sí misma, pero al existir menores añade la posibilidad de una desarticulación familiar.
«A ver si alguien entiende de una vez que una familia no puede sobrevivir con 400 o 500 euros de ayudas sociales si a la vez tiene que pagar 300 o 350 de alquiler. Por ello, las ayudas puntuales son parches que no resuelven la situación. Necesitamos una vivienda en régimen de alquiler social», clama Ricardo.
No entienden la negativa del gobierno municipal a recibirlos y por ello han decidido llevar a cabo la huelga en la puerta del Concello. Tampoco aceptan la puya del alcalde, que les ha sugerido que protesten ante la Xunta. «Queremos una de las viviendas del Concello y estamos en la Praza do Rei porque somos de Vigo y vivimos en Vigo. En estos meses nos hemos dirigido a Concello y Xunta, con la diferencia de que el primero no nos ha atendido y sí la Xunta. Hemos estado con el delegado en Vigo y con el responsables del Instituto Galego da Vivenda e Solo. Otra cosa es que las propuestas que nos han hecho no valgan, pero al menos nos reciben. Al Concello le hemos enviado 13 escritos y nada, solo nos responden por los medios de comunicación».
Mientras explican su situación siguen recogiendo firmas en la puerta del Concello. En estos días han logrado 500 respaldos expresos y seguirán haciéndolo durante la huelga de hambre.
Los bancos tienen con un pie en la calle a 4 ancianos por avalar hipotecas impagadas
El impago del alquiler no es el único motivo para un desahucio. La Federación Vecinal sacó ayer a la luz casos similares originados por no hacer frente a las hipotecas concedidas por entidades bancarias. Dos familias dieron testimonio de su próximo desalojo, todavía sin fecha concreta. Lo grave es que las perderán en su calidad de avalistas y también sus hijos, titulares de las hipotecas.
María Luisa Suárez (71 años) y su marido (de 80) están a punto de perder su casa en la calle Cantabria tras avalar a su hija, que adquirió otra a pocos metros en la que vive con su hijo. La hipoteca ascendía a 200.000 euros aunque el importe ahora es mayor ya que en una modificación incluyeron deudas de otro tipo. «Nadie nos advirtió a la hora de firmar que podíamos quedarnos sin casa», se lamenta esta mujer.
José Comedeiro Barros (75 años) protagoniza un caso muy parecido. Su hija compró un piso en Sanjurjo Badía y lo avaló con su vivienda en Hispanidad «pero me dijeron que en cinco años mi casa quedaba libre».
En ambos casos consideran que hay cláusulas abusivas, por lo que van a ir al juzgado. La presidenta vecinal, María Pérez, pidió de nuevo al alcalde que no venda los 14 pisos municipales de República Argentina.
«Les estamos atendiendo»
El alcalde se defiende de las críticas asegurando que «a alguna de estas familias [que harán la huelga de hambre] las estamos atendiendo desde hace seis años y seguiremos atendiéndolas igual». Reitera Caballero que «más de un millar de familias perciben ayudas municipales para el pago del alquiler, que seguiremos dándolas a quien las necesita, pero siempre desde el principio de la igualdad. En unos casos hay más urgencia y en otros menos, pero todos son atendidos según sus necesidades», precisa.
El mantra del alcalde es que resolver este tipo de situaciones «es competencia de la Xunta». También se extraña que la protesta «no se realice ante la sede autonómica. No sé si son aliados políticos del PP», sugiere.