La asociación de afectados, también de O Val Miñor y O Morrazo, convoca una asamblea para el sábado «profundamente defraudada» con la justicia
28 mar 2016 . Actualizado a las 22:58 h.La querella que la asociación de afectados por preferentes y subordinadas de Vigo, Val Miñor y O Morrazo presentó inicialmente ante la Audiencia Nacional en 2014 contra los consejos de administración de Caixanova de los años 2005 y 2009, que posteriormente trató que prosperase a través de otras instancias judiciales, ha sido finalmente rechazada.
De ello informa el propio colectivo a través de un comunicado en el que, «profundamente defraudados» con la justicia, los afectados cargan contra «quienes tienen la potestad de subsanar desde sus cargos la justicia y en cambio mienten para sacar una parte del botín o salvaguardar errores».
La denuncia interpuesta hace ya casi dos años pretendía «demostrar cuatro delitos»: los de estafa, publicidad engañosa, apropiación indebida y maquinación para alterar el precio del valor de las cosas, según enumera el presidente de la asociación, José Manuel Estévez, en una nota a través de la cual informa de la convocatoria de una asamblea general extraordinaria que se celebrará el próximo 2 de abril a las 16,45 horas en el centro cívico de Teis, en Vigo.
El objetivo, apunta Estévez, es explicar ante los miembros «que aportaron generosamente una cantidad de fondos» la situación a día de hoy, «y devolver la parte no consumida de los mismos al no ser admitida a trámite bajo ninguna vía la querella contra los arquitectos de esta estafa».
RECORRIDO JUDICIAL
El recorrido judicial de esta demanda se inició el 16 de mayo de 2014 en la Audiencia Nacional, tribunal que la inadmitió a trámite cuatro días después alegando que ya había un juzgado conocedor de esos hechos --por las denuncias que solicitaban investigar a la CNMV, al Banco de España, a la Xunta y a los responsables en el momento del lanzamiento de cada emisión de estos productos financieros--.
No conforme, la asociación presentó recurso de reforma, que fue denegado por la Audiencia en junio, y de apelación, ante el que le fue solicitada una copia de la denuncia que dio origen a la incoación de otras diligencias.
Y es que, paralelamente, los afectados habían registrado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo una solicitud de reapertura de un procedimiento inicial, el relativo a las mencionadas diligencias.
Ya en enero de 2015, la Audiencia Nacional desestimó el recurso de apelación, ante el que no cabía recurso ulterior, y la plataforma prosiguió su lucha judicial en los juzgados de Vigo, donde el asunto acabó recayendo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo, que en octubre de 2014 acordó el sobreseimiento provisional y archivo al entender «que los hechos denunciados no son constitutivos de delito de estafa».
Frente a ese auto, los preferentistas interpusieron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Vigo, a la que critican su respuesta «dando a entender que cuando un presunto delito es algo generalizado entre un sector de la economía de este país deja de ser delito y pasa a ser un comportamiento amparado en unas necesidades de recapitalización».
Contra ese auto, según indican, no cabe recurso alguno, por lo que concluyen que «así quiebran los poderes públicos la voluntad del pueblo de ejercer aquello que ven de justicia». En concreto, reprochan al Ministerio Fiscal que «no acierta a conferir una línea de actuación coherente».