El Tribunal Supremo acepta un recurso vecinal siete años después de su aprobación
01 dic 2015 . Actualizado a las 11:34 h.El Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) de Vigo generó una gran polémica durante los ocho años que se empleó en su elaboración, entre otros motivos por su carácter desarrollista para construir 120.000 nuevas viviendas. Tanta, que batió récords de alegaciones (más de 60.000) y numerosas denuncias judiciales, todas ellas fracasadas. Hasta ayer. De improviso, el Tribunal Supremo dictó una sentencia firme en la que anula el documento urbanístico por no realizar antes de su aprobación una evaluación de impacto ambiental estratégico.
La decisión se produce siete años después de su entrada en vigor y cuando parecía que el PXOM no tenía vuelta atrás. La denuncia origen de este terremoto político-urbanístico fue presentada por una de las múltiples asociaciones contrarias al nuevo plan, Alternativa Vecinal. Antes de llegar al Supremo había sido rechazada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al que ahora enmienda la plana la instancia judicial suprema en este campo.
El fallo deja a la ciudad en una situación de interinidad urbanística cuando menos se esperaba y después de que el Concello hubiera ganado docenas de pleitos que pedían su anulación parcial o total. La denuncia de Alternativa Vecinal era uno de ellos, pero sus integrantes decidieron gastar el último cartucho recurriendo al Supremo.
El tribunal considera que no se respetó la obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto ambiental estratégica, un requisito que fue instaurado coincidiendo con la fase final de elaboración del planeamiento vigués. No era una obligación el 31 de mayo del 2006, cuando el Concello lo remitió a la Xunta para su aprobación, pero sí el 21 de julio de ese año «salvo que la Administración pública competente decidiese que resultaba inviable», recoge el fallo del Supremo. «Sin embargo, la Xunta deja transcurrir dos años prácticamente hasta declarar inviable su sometimiento al trámite previsto». A mayores, todavía se tardó un año más en aprobarlo, «lo que demuestra que la pretextada premura no existía, mientras que el haberse llevado a cabo la información pública y el futuro sometimiento del planeamiento de desarrollo a la evaluación ambiental no son razones jurídicas válidas para evitar el cumplimiento» de la evaluación ambiental establecida en la ley del 2006, establece el fallo.
La anulación del Plan Xeral tiene como consecuencia inmediata su desaparición y por ello recupera su vigencia el anterior, ya que una ciudad no puede quedar sin planeamiento. En Vigo existe experiencia sobre situaciones de este tipo, pues es la segunda vez que ocurre en su historia reciente. Así, en 1991, el conselleiro Xosé Cuiña suspendió el Plan Xeral de Vigo y colocó a la ciudad en una grave emergencia urbanística. La solución que alcanzaron las fuerzas políticas por consenso fue pactar la elaboración de un nuevo documento con urgencia, lo que no lograron hasta dos años después. Sin embargo, el plan de 1993 batió récords de sentencias contrarias, por lo que en el año 2000 la corporación decidió iniciar la redacción del nuevo documento, que no entró en vigor hasta el 2008 con el objetivo declarado de devolver la seguridad jurídica a la ciudad, algo que resultó cierto pero solo hasta ayer.
Durante su elaboración, el Plan Xeral ahora anulado generó una enorme conflictividad al recibir más de 60.000 alegaciones de vecinos y asociaciones que se oponían a alguna de sus previsiones. Debido a ello, se alargó ocho años en su tramitación y llegado el momento de la aprobación solo logró los 14 votos justos (PSOE y BNG) que le permitieron salir adelante, mientras los 13 del PP lo hacían en contra.
Una prueba de las vueltas que da la vida es el dato de que la conselleira de Política Territorial que dispensó la realización de la evaluación ambiental, decisión que ha resultado un desastre, es María José Caride. En la actualidad, la socialista es concejala de Urbanismo de Vigo. Por tanto, la encargada de gestionar la anulación del Plan Xeral.