La medida municipal explica la actual ausencia de estos elementos arquitectónicos en la práctica totalidad de la zona antigua de la ciudad
06 oct 2015 . Actualizado a las 04:00 h.La ausencia de patines en las casas del Casco Vello de Vigo tiene su explicación en una orden municipal publicada el 7 de octubre de 1799. Fue el final de un proceso iniciado el verano anterior por el procurador síndico general, Joseph Antonio Cayro. Este concejal, genuino representante del pueblo de Vigo no marinero, llevó un escrito al Ayuntamiento acerca de los problemas que estaban generando «algunas escaleras o patines que subrepticiamente y sin el previo consentimiento a dicho Ayuntamiento fueron construidos antes de ahora». Aquella advertencia se hacía en un momento en el que se estaban ampliando las calles de la aún villa amurallada.
Cayro proponía el derribo de los patines «porque cogen una porción de sus angostas plazuelas y calles e impiden que en estas se encuentre en quanto sea dable el alineamiento y simetría tan estrechamente recomendadas» (sic). El procurador síndico general ejemplificaba su petición con el caso de Pedro Santiago de Barrón, cuya vivienda ocupaba terreno público «impidiendo que la plazuela en que se halla dispense a los individuos del pueblo el desahogo que sin aquel estorbo les facilitaría», según puede leerse en la instancia dirigida al Ayuntamiento que estaba fechada el 23 de agosto del año 1799.
Joseph Antonio Cayro, que años más tarde sería el primer alcalde salido del pueblo llano vigués, denunciaba también los «caños o conductos que reciven las aguas de las cocinas y demás inmundicias que se arrojan de varias casas del pueblo» (sic).
Reunido el Ayuntamiento, con su alcalde Manuel Morales al frente, respondió al síndico que debía presentar testigos que respaldasen sus denunciar, algo que comienza a producirse el 10 de septiembre. Presentó aquel día a Gabriel de Godoi, quien tuvo que jurar ante Manuel Morales, que también era juez ordinario del «balle del Fragoso» (sic). El vecino hizo «una señal de crus que formó en su mano derecha de que asimismo la doi bajo de que prometió dirá berdad de lo que supiese y le sea preguntado» (sic).
Gabriel de Godoi, que tenía entonces sesenta años de edad, decía que las calles eran angostas, algo que se había agravado con las construcción ilegal de patines, balcones y otros servicios «por el lado de las calles publicas». Añadía que iba en detrimento del vecindario, tráfico de carros y de las caballerías. Situaba como puntos más conflictivos la calle que une el Placer con la plaza Mayor, «la calle más útil de este pueblo». En aquella época, esta conexión bajaba con una mayor pendiente por la actual Abeleira Menéndez y era una vía principal de acceso hacia la carretera de Tuy, que de aquella era la capital de la provincia. El testigo señalaba la casa que habitaba Benito Grova. También aludía a la casa de Juan Fernández, en el Camboa (antiguo nombre de la Gamboa) y a la de Pedro Abeleira, en la calle de la Campucha (Méndez Núñez, en la actualidad).
Manuel de la Fuente, vecino de Vigo, miembro del comercio y de cuarenta años de edad, fue el segundo testigo. Este hombre ratificó punto por punto el informe presentado por Joseph Antonio Cayro. El tercer testigo solicitado por el Ayuntamiento se llamaba Joaquín Rodríguez de Soto y tenía treinta años de edad. Este señalaba que la ubicación de los mencionados patines podía provocar desgracias «ya con los carros ques precisa hacer cierta buelta en ya con cavallerías que traiendo su carrera corriente pueden malograrse y aun la misma gente, regimientos y procesiones que por allí transitan» (sic).
Testigos
El último testigo presentado por el procurador síndico era Alonso Díez López. Todas las circunstancias relatadas por Cayro y ratificadas por los testigos anteriores también fueron denunciadas por este comerciante de cincuenta años de edad.
Tras estas intervenciones, Joseph Antonio Cayro explicó al alcalde Manuel Morales que queda a disposición del Ayuntamiento para presentar, cuando este lo estime conveniente, nuevos testigos que avalen sus denuncias contra los mencionados elementos arquitectónicos. Los ediles, con el alcalde al frente, ordenan el 7 de octubre de 1799 «que se limpien y desembarazen de todos aquellos patines, balcones o bolados que dificultan su paso, estrechan su ancho... sirben de guarida a los mal echores de noche y que en ellas se guarden en orden uniforme en sus casas que ermoseen su aspecto» (sic). «Se haga saver a todos los dueños de las casas que refieren los testigos y a los más que en los suios tengan patines, balcones o boladisos que ofendan y causen perjuicios al bien común y buen orden que dentro del preciso y perentorio término de quince días contados desde la notificación quiten, arrosen y echen al suelo todos los patines, balcones y boladisos que refieren los testigos y los más como estas sean perjudiciales al público y obpuestas al buen horden recomendado por las enunciadas órdenes superiores y Reales cédulas», (sic), señalaba la resolución municipal, que adjudicaba a los propietarios la responsabilidad económica del derribo.
Carlos IV trasladó al resto de España las reales órdenes que su padre, Carlos III, había aplicado a Madrid respecto a la limpieza, aseo y ampliación de las calles. El monarca borbón pretendía que las ciudades y villas tuvieran un aspecto cuidado, claro que dejaba en manos de los respectivos ayuntamientos la responsabilidad de aplicar estas recomendaciones. Asimismo, debían ser los propios Ayuntamientos quienes destinasen el dinero suficiente para cumplir aquellos deseos. Durante todo el 1799 son continuas las alusiones a la limpieza de la villa y su extramuros. Se prohibieron establecer estercoleros de restos de peces y algas en las cercanías de las viviendas y se hacía mucho hincapié en alinear las nuevas edificaciones que nacen, sobre todo, en el Areal.