Tres acusados por un fraude a Hacienda cercano a los 6 millones

alejandro martínez VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

La trama de Motopasión se enfrenta a penas que suman 24 años de cárcel

29 jun 2015 . Actualizado a las 07:49 h.

Un juzgado de lo penal de Vigo ventilará esta semana uno de los casos de fraude a la Hacienda Pública más graves descubiertos durante los últimos años. En el banquillo se sentarán tres acusados de crear una trama para defraudar IVA por medio de una maraña de empresas pantalla con las que consiguieron durante los años 2005 y 2006 cometer un fraude cercano a los seis millones de euros. La Fiscalía acusa a Ángel S.R., responsable de Motopasión Vigo (Mopavi), que fue el mayor concesionario de motos de Galicia, de cuatro delitos contra la Hacienda Pública y de otro idéntico en grado de tentativa.

Le pide una condena de nueve años y diez meses de cárcel, así como el pago de cinco millones de euros. José Antonio G.S. se enfrenta a cuatro años de prisión por dos delitos consumados contra la Hacienda Pública, el pago de una multa de 600.000 euros y otros diez meses y 80.000 euros por el delito en grado de tentativa. El Ministerio Público pide al último acusado, Miguel Ángel F.E. nueve años de prisión, dos multas de cinco millones de euros y 600.000 euros. Además los acusados Ángel y Miguel deberán indemniza a las arcas del estado en la cantidad de 5,4 millones de euros. Los acusados operaban mediante una compleja red de ingeniería societaria enlazada con otras tramas con ánimo de defraudar en distintos países europeos.

Ángel S.R. es el administrador único de la sociedad Mopavi, dada de alta como concesionario y taller de reparación de automóviles y bicicletas. Los inspectores de Hacienda investigaron las facturas emitidas y recibidas por la sociedad. De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, no obedecieron en su totalidad a operaciones comerciales reales. Concretamente las relaciones que se establecieron con los proveedores Miguel F.E. y la sociedad Suministradora de Componentes Eléctricos tenían la finalidad de defraudar el impuesto del IVA. Se estima que la cantidad defraudada en el ejercicio de 2005 asciende a 4.443.455 euros. Mopavi habría obtenido de las arcas del Estado durante este período un importe de 2,7 millones de euros. El acusado Miguel ejercía lo que en el argot de la delincuencia de guante blanco se conoce como Missing Trader o trucha. Realizaba operaciones intracomunitarias y repercutía el IVA a Mopavi, que posteriormente lo deducía, sin que por su parte el acusado lo ingresara. Mopavi formalmente pagaba las compras realizadas con el IVA, aunque en realidad estaba comprando sin el impuesto, lo que no sería posible si efectuara las compras directamente en el extranjero.

La declaración de operaciones con terceros presentadas por Mopavi y por Miguel son divergentes. Mientras que este último declaraba como ventas a Mopavi 5,6 millones de euros, sin embargo la empresa declaraba compras por 12.7. La cuota defraudada por Mopavi en relación a las operaciones mantenidas con Suministradora de Componentes Electrónicos es de 2,6 millones de euros y el procedimiento era diferente. En este supuesto, Mopavi asumía el papel de último eslabón de la trama defraudatoria. Adquiría bienes a la empresa que, a su vez, había comprado a otras sociedades que actuaban como truchas. Mopavi finalmente vendía esos productos fuera de España y solicitaba la devolución de un IVA soportado que, en realidad, nunca había sido ingresado.

Ocho años de investigaciones

El escándalo Motopasión llega a juicio ocho años después de que la Agencia Tributaria comenzara las investigaciones para desarticular una de las más complejos fraudes del IVA tipo carrusel a través de compras intracomunitarias. Utilizaban empresas proveedoras ficticias en el extranjero para simular facturas en las que se deducía el IVA, pero no se ingresaba en Hacienda. El acusado Miguel F.E., considerado el «hombre de paja» del dueño del concesionario, no era una persona afianzada en el mercado español de motocicletas y quads y, sin embargo, desde el mes de abril, hasta finales del 2005, facturó a Mopavi por un importe de 11 millones de euros, lo que no deja de sorprender al fiscal.