Tres bancos aspiran a quedarse Alfageme por un tercio de su valor

e.v.pita VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

El juez sopesa entregar la fábrica de la conservera en Tomás A. Alonso, valorada en 35,6 millones, a las entidades que ofrecieron 11.
El juez sopesa entregar la fábrica de la conservera en Tomás A. Alonso, valorada en 35,6 millones, a las entidades que ofrecieron 11. m. moralejo< / span>

La Sareb también puede hacerse con medio centenar de pisos en Salvaterra, si así lo decide el juez, porque ningún postor ha mejorado las ofertas en diez días

10 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

La falta de postores que mejoren las ofertas de los acreedores en las subastas de Vigo en los últimos diez días ha llevado al juzgado de lo mercantil a declarar desiertas dos grandes pujas. Ahora debe resolver si entrega la propiedad a los bancos o a la Sareb, los cuales presentaron ofertas muy por debajo del precio de tasación. Los ejemplos más recientes son la fábrica de la conservera Algafeme y 50 pisos de la inmobiliaria Promociones Perquisa en Salvaterra.

La administración concursal liquidadora de Alfageme tenía diez días de plazo para presentar al juez un nuevo postor que mejorase la oferta de 11,2 millones que hicieron los bancos acreedores Abanca y Popular-Pastor por la factoría de Bouzas en la subasta del pasado 7 de mayo. Al no comparecer nadie que superase esa oferta, la puja quedó desierta. El juez de lo mercantil sopesa ahora si adjudica definitivamente la nave a los bancos acreedores.

Todo apunta a que el Banco Popular y Abanca se harán así con la nave que lanzó las conservas Miau por un tercio de su precio de tasación de salida, que era de 35,6 millones.

El juzgado de lo mercantil de Pontevedra número 3, con sede en Vigo, hará en breve la entrega oficial, una vez que resuelva la adjudicación a favor de los bancos. El lote incluye una superficie de 14.355 metros cuadrados en la calle Tomás A. Alonso, de los que 4.000 corresponden a la nave industrial y 3.400 a almacenes. El juez podría conceder a Abanca el 42,8 % del bien porque ofreció 4,8 millones mientras que el Pastor se quedaría el 28,5 % y el Popular (fusionado con el anterior) un porcentaje similar. Los tres bancos presentaron una oferta conjunta y unitaria porque eran los titulares de la hipoteca.

El día de la subasta, numerosos extrabajadores de la conservera se quejaron de que el precio ofrecido era tan bajo que equivalía a «regalar» la conservera. Ahora podrían llegar a un acuerdo con las futuras adjudicatarias para obtener indemnizaciones, pues reclaman 2 millones de euros.

El juez del mercantil también debe resolver sobre la adjudicación de ocho lotes de viviendas en Coia y Castrelos y un edificio con 50 apartamentos y locales en Salvaterra do Miño construidos por Promociones Perquisa SA, ligada al grupo frigorífico Pereira. El 28 de abril, la Sareb se adjudicó en la subasta un terreno en Freixeiro por 177.289 euros. En el resto de los lotes, el banco malo ofreció cantidades muy por debajo del valor de tasación, que en conjunto ascendió a 13,09 millones, por lo que tuvo que esperar por si el liquidador encontraba algún postor que ofreciese más.

En diez días, nadie mejoró la oferta y todo apunta a que la Sareb se hará con cuatro edificios enteros situados entre los números 22 al 28, inclusive, de la rúa Fontoura en Salvaterra de Miño. También se quedará con un terreno con casa en el número 276 de la avenida de Castrelos que tenía un precio de salida de 1,44 millones, así como solares en la avenida de Florida y Espedrigada.

El juzgado de lo mercantil en Vigo tramita cada año un centenar de demandas para dirimir la responsabilidad de administradores sociales arruinados que no dan de baja a sus empresas ni solicitaron el concurso de acreedores para ahorrarse gastos y trámites. Técnicamente, las firmas están quebradas pero siguen abiertas, con lo que infringen la ley. En general se trata de firmas modestas que acumulan pequeñas deudas de mil euros o poco más. Por ejemplo, una empresa de andamios alquilaba el material para hacer obras y luego no lo pagaba. Los acreedores iban detrás del administrador social para reclamar la responsabilidad. Muchas de estas reclamaciones contra los dueños de empresas no han prosperado porque a los acreedores no les compensa pagar tasas judiciales de 300 euros para reclamar las deudas en el mercantil. Las personas físicas han sido liberadas de las tasas pero las empresas siguen gravadas.

14 concursos

Desde enero

El juzgado de lo mercantil ha registrado 14 concursos desde enero, una cifra tres veces menor que hace un año, cuando había 41 suspensiones de pagos declaradas. Es la cifra más baja desde que estalló la crisis.