Cada 24 horas hay dos expulsiones en Vigo de morosos que no pagan el alquiler y otro par de cambios de cerradura en locales o pisos subastados
11 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Siete años después de empezar la crisis, los juzgados de Vigo siguen a un ritmo de cuatro embargos o desahucios al día. En el primer trimestre de este año, la oficina del Servicio Común de Notificaciones ha ejecutado 214 embargos y 170 lanzamientos. Estos últimos se refieren a la expulsión de inquilinos morosos o el cambio de cerradura de locales y casas de propietarios desahuciados que fueron subastados.
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, la oficina de Notificaciones realizó 75 embargos menos que hace un año pero la cifra puede ser mucho mayor porque los juzgados también avisan directamente por Internet al moroso de que la Justicia le va a retirar dinero de su nómina o cuentas o le quitará el piso o local para subastarlo.
Sin embargo, desde el pasado octubre se observa un aumento de los lanzamientos. En el primer trimestre del 2014 se ejecutaron solo 141 expulsiones porque estaba reciente la ley que paralizaba las ejecuciones de desahucio de viviendas, lo que evitó que muchos hipotecados se quedasen en la calle. Pero en los dos últimos trimestres, la cifra se ha disparado a 170, el 20 % más. «Los lanzamientos se han estabilizado en esta cifra desde octubre porque la situación económica no ha variado», dice el secretario de Notificaciones, Fernando Varela. Toda la tramitación, desde que el propietario es demandado por no pagar las cuotas hasta su expulsión, se demora un año o más, por lo que los lanzamientos que se ejecutan ahora son por impagos que hubo en el 2013 y 2014.
La comisión judicial realiza pocas expulsiones de viviendas porque hay una protección al hipotecado. Lo más habitual son desalojos de locales, trasteros, garajes, naves industriales, solares y fincas o chalés que son segunda vivienda y están vacíos.
Gran parte de los lanzamientos vienen motivados porque los inquilinos no pagan la renta de alquiler y su casero pide su desalojo. «Estos casos no son conflictivos, los ocupantes se van del piso y entregan las llaves, cuando llegamos con el cerrajero, está vacío», dice Varela. Hay pocos desalojos conflictivos. «Este año no ha habido oposición violenta, preferimos que las cosas sean pacíficas, a nadie le agrada ir con la policía a echar a nadie», dice el secretario de Notificaciones.
«El casero tarda 2 meses en echar al inquilino»
Fernando Varela tuvo que lidiar con la parte más dramática de la crisis en Vigo: la expulsión de los hipotecados desahuciados que perdían sus casas. Su oficina de Embargos y Notificaciones paralizó los desahucios de hogares cuando, hace tres años, el Parlamento inició los trámites para cambiar la ley.
-¿Sigue habiendo una cascada de desahucios en Vigo?
-Los años más duros de la crisis ya pasaron, los locales que no cerraron se mantienen.
-¿Cuánto se tarda ahora en echar a un inquilino moroso?
-Con el cambio de ley, el casero tarda de dos a dos meses y medio en echar al inquilino si no paga desde que presenta la demanda en abril hasta que ejecutamos el lanzamiento en junio, después del juicio si el demandado no se opone. En agosto, se tarda más. Con la reforma, el casero recupera más rápido su piso.
-¿Han notado una bajada de asuntos con el inicio de las notificaciones telemáticas?
-No notamos diferencia. Desde hace dos años se remiten exhortos telemáticamente pero tenemos que imprimir una copia aquí y solo se ahorra el correo. Con el cambio telemático, evitamos el papel y el traslado de documentos en cedés o pendrives pero muchas notificaciones las seguiremos entregando en los domicilios pues no todos tienen un ordenador e Internet en su casa.
-¿Cuando se trasladarán a la nueva sede del Casco Vello?
-No sabemos, la Xunta no comunicó nada. Aún deben finalizar las labores de acondicionamiento, decidir el mobiliario y dar el visto bueno a la obra.
Drama cotidiano
La crisis destapó las vergüenzas de un código civil aprobado en el siglo XIX pensado para darle la patada al hipotecado y que escandalizó a la UE, que obligó a parchear la ley. El drama social sigue ahora con las familias en paro que ya no tienen ni para pagar el alquiler.