Cuando no están casados la normativa obliga al solicitante a probar que tiene la tutela, por lo que aumentan los juicios para lograr los papeles
29 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Las uniones de hecho se caracterizan por una convivencia sin papeles. Tras la ruptura, cada uno se va por su lado. Muchos ni tienen documentos que acrediten que se han separado y que uno asume la custodia de sus hijos. Con la llegada de la crisis, muchas exparejas se quedaron en paro y, al agotar los subsidios, fueron a pedir a la Xunta una ayuda de inserción social dentro del programa Risga. El problema ha surgido porque la normativa exige que el beneficiario de la renta debe probar que tiene la custodia total de los hijos, lo que obliga a litigar en los juzgados.
«Si no están casados, sobre el hijo no hay ninguna medida judicial y para pedir la Risga el reglamento pide la custodia de los dos padres», señalan fuentes judiciales de Familia. «Hay una auténtica avalancha de estos casos, los llamados more uxorios por la Risga y por la custodia. Este juzgado es un paño de lágrimas para todos los problemas familiares, es un cajón que cada vez se amplía más», dice un funcionario.
Las parejas de hecho visitan cada vez más el juzgado para obtener la custodia si quieren lograr, por ejemplo, algo tan básico como la beca de un comedor escolar. La normativa exige papeles: «En el caso de uniones de hecho con hijos reconocidos, entregarán la copia de la sentencia de guarda, custodia y alimentos, así como un justificante de las aportaciones económicas establecidas por el juez. En situaciones de impago, entregarán copia de la solicitud de ejecución de sentencia presentada ante el juzgado o justificante de inicio de las actuaciones».
Así, el juzgado se ha encontrado este año con una avalancha de litigios entre excompañeros sentimentales que no se casaron. Los tribunales de Familia de Vigo han tramitado en este primer trimestre 96 demandas de parejas de hecho, un 57 % más que hace un año, cuando hubo 61.
En el juzgado vigués también se registran más pleitos de demandantes (divorciados o uniones de hecho) que reclaman a su expareja que vaya al juzgado a firmar la autorización para que su hijo pueda sacarse el pasaporte o para cambiarse de colegio, porque el Gobierno y la Xunta establecen que ambos progenitores deben de dar su consentimiento por escrito.