«Teñen como fin atender necesidades perentorias», advierte en su informe
22 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello vigués tiene una plantilla escasa en el área de Benestar Social. Lo denuncian las propias trabajadoras sociales, organizaciones que se dedican a ayudar a los necesitados y ahora también el Valedor do Pobo, que reserva al caso de Vigo un capítulo en su memoria de actividad del año pasado. Esta institución no acepta las excusas del gobierno municipal de que las restricciones legales a las nuevas contrataciones justifican los atrasos «que coñecemos e que se recoñecen polo Concello».
El hecho constatado es que la falta de personal deja a los usuarios del servicio de Benestar Social «nunha situación de extrema precariedade e desamparo». Este hecho se confirma con datos con concretos. Por ejemplo, que las solicitudes de prestaciones de primera necesidad (risgas, ayudas de emergencia, dependencias) «tardan unha media de 43 días só para unha primeira cita (valoración inicial por un traballador social)», se indica en el informe del Valedor.
A partir de aquí siguen corriendo los plazos, siempre en contra de las personas en situación de emergencia. «Dende a presentación das solicitudes no rexistro municipal ata a tramitación e envío á Xunta o tempo de espera pode chegar aos sete meses». Se trata de un tiempo muy largo «para persoas en situación de exclusión social ou risco de caer nela, e para satisfacer as súas necesidades básicas ou de subsistencia, polo que a demora agrava a situación de partida».
El Valedor denuncia que se incumplen los plazos legales, destacando que «o tempo medio de espera en cita de seguimento por parte dos técnicos de inclusión social para as persoas perceptoras da Risga con proxectos de procura de emprego e formación é de seis meses». La preocupante conclusión de esta oficina es que «provoca sensación de desprotección e angustia dos usuarios», con todo lo que conlleva en casos de extrema necesidad.
El punto álgido del conflicto en el área de Benestar Social se produjo la pasada primavera, cuando la Oficina de Dereitos Sociais de Coia denunció que había un atasco en esta concejalía con unos 3.000 expedientes pendientes de solución. En la única comparencia que se le recuerda a la concejala responsable, Isaura Abelairas, ni mucho menos desmintió el dato y prometió que tratarían de resolverlo. Desde entonces la edila no ha vuelto a convocar a la prensa para explicar la situación de su departamento pese a que sigue rodeado de polémica.
En sus comunicaciones con el Valedor, el Concello vigués justificó la situación al interpretar que no debía actuar en las solicitudes de risga o otras ayudas hasta que recibiera un requerimiento de la consellería. Una excusa que no acepta el Valedor, quien reclamó al Concello que «actuase de oficio para cumprir as súas funcións neste terreo sen esperan a ningún requerimento, e que achegase a documentación en un mes» como establece la normativa en la materia.
Hasta siete
meses tarda en enviar a la Xunta una solicitud
de la Risga
Un recurso de 41 trabajadores locales que sigue sin respuesta
El pasado otoño, 41 empleados del Concello vigués, todo Benestar Social, jefes excluidos, denunció su situación ante el Valedor do Pobo. Una vez investigada la denuncia, esta oficina se puso en contacto con el gobierno vigués para que le remitiera información y poder realizar una recomendación como es su cometido.
Casi cinco meses después el Valedor tiene las manos atadas ante la falta de colaboración del Concello. De entrada no hubo respuesta y tras un segundo escrito envió información insuficiente. La posterior petición de aclaraciones tampoco ha obtenido respuesta, como precisa el Valedor en la memoria de actividad del año pasado. El gobierno local reconoció el atasco y anunció que iba a contratar más personal para solucionar el problema. Sin embargo, la plantilla sigue siendo la misma e incluso se va a producir un importante ajuste.
Benestar Social se queda sin la cuarta parte de sus técnicas
La escasez de efectivos en el área de Benestar Social se va a agravar en los próximos días con el previsto recorte de trabajadoras sociales. De las veinte en activo en estos momentos dos de ellas han solicitado una excedencia y otras tres están a punto de finalizar sus contratos.
Este hecho tiene de los nervios a una plantilla que desde hace un año mantiene un pulso con el gobierno local por lo que consideran estresantes condiciones de trabajo. Tras una queja directa al alcalde, que no fue escuchada, y un posterior recurso al Valedor do Pobo y a la Inspección de Trabajo, solo su protesta en la calle hizo que la alcaldía se planteara una ampliación que todavía no se ha materializado.
Los datos que maneja el colectivo es que la cifra de trabajadoras sociales en activo el año pasado (entonces 17) deberían como mínimo duplicarse para cumplir el ratio recomendado (una por cada 8.000 habitantes). Sin embargo, aunque llegaron a ser 20, la opción en estos momentos es que la cifra se quede en 15 en cuestión de poco tiempo.
De cumplirse sin que el gobierno municipal intervenga se reproducirá la situación del año pasado, cuando llegaron a estar a la vez de baja por estrés y ansiedad hasta cinco trabajadoras sociales. Fuentes municipales destacaron en su momento que la situación de grave atasco se vio agravada por este hecho.
Lo que más preocupa a la plantilla en estos momentos es que los responsables municipales no han cumplido su promesa de reforzar la plantilla, que era también el argumento transmitido al Valedor do Pobo. Para ello durante los meses de enero y febrero se realizaron pruebas para elaborar una lista de personal interino, que se completó el pasado 26 de febrero. Incluye 33 trabajadoras sociales y 50 aspirantes a un puesto de administrativo, Sin embargo, ha pasado un mes y el gobierno local no ha dado paso alguno.
Este parón tiene desconcertada a la plantilla, que se teme lo peor. En concreto, que el gobierno municipal se limite a contratar a media docena de trabajadoras sociales, con lo que nada cambiaría con las cinco bajas anunciadas. Principalmente, porque en cualquier momento puede abrirse el plazo de solicitud del cheque social de este año, lo que provocará colas y la presencia de miles de demandantes en las oficinas municipales de forma similar a lo ocurrido en los dos años anteriores.
Miles de consultas
Lo que las trabajadoras sociales reclaman es un cambio sustancial para rematar con lo que consideran un problema endémico de escasez de personal. Con esta dotación humana las cosas funcionaban con dificultad antes de la crisis, un momento en el que también existía una menor cartera de servicios y ayudas en la mayoría de los concellos, Vigo incluido.
Los momentos más agobiantes para el departamento de Benestar Social se producen en primavera, cuando se convoca el cheque social (ayudas para alquileres, recibos de luz y comida) y en el verano con la convocatoria de becas de comedor y libros. En ambos casos son miles los solicitantes, numerosas las consultas y muchos los documentos a aportar, lo que genera colas y multiplica la actividad en el departamento.
Aunque el gobierno municipal tomó medidas para reducir las colas por la vía de elevar el listón de requisitos, la existencia de una elevada bolsa de pobreza en la ciudad hace inútiles tales esfuerzos. El caso más llamativo fue el de exigir tres años de empadronamiento para poder solicitar el cheque social, lo que redujo el año pasado a solo 2.000 las 3.200 instancias del año anterior. Sin embargo, muchos de los excluidos acudieron a las oficinas municipales para gestionar una solicitudes que no fueron tenidas en cuenta.
En este contexto, lo único que ha hecho el gobierno de Abel Caballero es retrasar la convocatoria del cheque social, prevista en principio para el mes de febrero. Aguardaba una ampliación del número de trabajadoras sociales y administrativos que no se ha producido, aunque también por decisión municipal.
Más de 63.000 vigueses se encuentran en riesgo de exclusión social
Que miles de personas acudan al Concello vigués a solicitar ayudas sociales no es nada extraño. Casi una cuarta parte de la población de Galicia (un 24,3 %) sobrevive con escasos ingresos que los colocan en riesgo de exclusión social, una cifra que en la provincia de Pontevedra sube a un 26,9 % y que en Vigo baja al 21,2 %, de acuerdo con los datos de Arope, un indicador europeo puesto en marcha para la estrategia EU 2020 dado a conocer por la Red Galega de Loita Contra a Pobreza.
Pese a ello, son 63.069 personas las que padecen esta situación en la mayor ciudad de Galicia, por lo que no es extraño que se produzcan largas colas ante las ventanillas de Benestar Social y que la escasa plantilla de este departamento sea incapaz de atender la demanda.
Comparándola con las demás ciudades gallegas Vigo ocupa el tercer puesto solo por detrás de Ferrol, la urbe más deprimida con un 23 % de vecinos en riesgo de exclusión social, y Ourense, líder con un 23,2 %. Por debajo, Pontevedra (20, 6 %), A Coruña (19,1 %), Santiago (18,7 %) y a la cola Lugo, con un 17,7 %, que pese a ello afecta a algo más de 17.000 personas.
Inversión municipal
Al margen de otras ayudas, principalmente las de carácter autonómico, los fondos municipales son una de las bazas para intentar evitar una crisis social y en este campo las diferencias son evidentes. Así, en el área viguesa hay dos concellos que materializan una inversión social por habitante y año que supera los 100 euros como son O Porriño (161) y Mos (129), mientras otros se quedan en solo 28 (Nigrán) o 33 (Baiona). Un poco más generosos con los más necesitados son Redondela (40 euros) o Gondomar (47).
En un escalón un poco superior se sitúa Vigo, con casi 67 euros, aunque muy alejado de los dos municipios más solidarios por este concepto. No obstante, dado que la población de Vigo es el doble que la del resto del área metropolitana, en cifras absolutas el montante es muy superior.
En el resto de la provincia, las dos áreas con mayor tasa de población en riesgo de exclusión social son O Salnés y O Morrazo, con el 30 %.