Los acusado de prostituir a mujeres en Ponteareas bajo amenaza de vudú aceptan penas de ocho años 

Siete personas acusadas por la Fiscalía de participar en una trama para traer a España a mujeres desde Nigeria para prostituirse han aceptado hoy penas de hasta ocho años de prisión ante la Audiencia de Pontevedra.

Según el relato de la Fiscalía que han aceptado los acusados, cuatro de nacionalidad nigeriana, entre ellos dos mujeres, y dos españoles, los hombres traían a las mujeres entre amenazas y promesas relacionadas con la práctica del yuyu vudú.

Una «cadena invisible» que convierte a sus víctimas en «esclavas psicológicas», según la fiscal jefe de Vigo Susana García-Baquero, que dirigió la acusación.

Las penas responden a delitos de inmigración ilegal, prostitución y blanqueo, mientras que el de trata solo se ha podido aplicar a una de las acusadas, porque no estaba todavía tipificado cuando empezó la investigación, en 2010.

Dirigida desde Ponteareas

La instrucción, dirigida por el Juzgado número 2 de Ponteareas y por la que han pasado tres jueces, se benefició del creciente control fronterizo, que permitió identificar a una potencial víctima, menor de edad, llegada vía París y que fue «rescatada» y tratada como víctima, pero que sin embargo se escapó para cumplir con las órdenes de los proxenetas, hasta que fue vuelta a localizar.

A partir de ahí fue tratada como testigo protegido, bajo la guardia de la asociación Paideia.

La segunda de las testigos de la acusación era otra mujer que denunció la situación tras haber superado el miedo atávico a las amenazas mágicas por su cuenta, y a la que se localizó en un centro de internamiento de inmigrantes.

«Ha sido un ejemplo de coordinación», ha comentado la fiscal sobre un caso en el que han participado brigadas de extranjería de Vigo, Valencia y Madrid.

La investigación comprobó cómo dos de las acusadas realizaban ingresos periódicos en las cuentas de los otros, lo que pudo sustentar la acusación por blanqueo, si bien se descartaron finalmente los cargos de agrupación criminal por la dificultad probatoria.

«No es ciencia ficción la recuperación de las víctimas», ha defendido la fiscal, que ha subrayado la intervención de las ONG que las asistieron.

La mayoría de los acusados han agotado ya el total de sus penas en prisión preventiva, por lo que solo tres tendrán que regresar a la cárcel.

De entre los acusados, los españoles eran los propietarios de los clubes de alterne de Ponteareas y Bétera (Valencia) en donde trabajaron las víctimas.

A estos se les condena a 720 euros de multa por un delito de prostitución, en línea con la interpretación del Consejo de Europa de que no cabe desentenderse de la situación legal de las mujeres que se dedican a la prostitución en sus establecimientos.

Las víctimas recibirán también indemnizaciones de los acusados, que no serán no obstante muy elevadas -en torno a los 2.000 euros- por los pocos ingresos de los condenados, que a su condición de extranjeros sin empleo suman el tiempo que ya han pasado en prisión.

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