«¿Parécelles normal agochar persoas maiores durante unha inspección?»

carlos ponce PAZOS DE BORBÉN / LA VOZ

PAZOS DE BORBÉN

El PP reconoce en el Parlamento la sobreocupación de la residencia de Pazos de Borbén, entre críticas del BNG

21 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El caso de la sobreocupación de la residencia de la tercera edad Mi Casa, de Pazos de Borbén, ya ha llegado al Parlamento gallego. La diputada nacionalista Montse Prado llevó a la comisión parlamentaria de Sanidade las irregularidades detectadas en el centro. El secretario xeral de Política Social admitió que el acta de inspección recoge la sobreocupación del geriátrico, lo que explicaría por qué estaban escondidas cinco personas mayores en una dependencia anexa al edificio. El acta de la Guardia Civil señala, eso sí, que no tenían síntomas de maltrato.

La Xunta se limitó a decir que aplicará la normativa en vigor y el correspondiente régimen sancionador, pero no especificó ninguna medida concreta.

Prado criticó la respuesta de Política Social, que «tenta dar unha pátina de normalidade a feitos que consideramos moi graves e que cuestiona a seguridade e os dereitos dos usuarios e usuarias da residencia». El BNG señala que a la consellería le parece normal que se escondan personas mayores durante una inspección. «¡Só faltaría que por riba tivesen sido maltratados!», recriminó la diputada nacionalista. «Estamos ante un risco de converter a atención ás persoas maiores nun negocio en vez dun servicio público», concluyó Montse Prado ante el parlamento.

La versión del centro

La directora de Mi Casa y presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra, Lucía Pedroso, había negado que los ancianos estuviesen escondidos durante la inspección de la Xunta. Pero la Guardia Civil, que tuvo que acudir a la residencia debido a que la dirección del centro no permitía a la inspectora acceder a las dependencias donde estaban escondidos los mayores. «Tanta preocupación por los ancianos, cuando lo único que quieren es que dimita al frente de la asociación», había asegurado Pedroso. Se refería a la denuncia pública de la CIG, que también amenazó con llevar al geriátrico a los tribunales.

La directora sí reconoció la sobreocupación. A pesar de que el centro tiene licencia para 58 plazas, en ese momento tenían a 63 pacientes en sus instalaciones, por lo que ante la inspección ocultaron los cinco ancianos que superaban el cupo. «Estoy convencida de que casi todas las residencias tienen sobreocupación», se defendió Pedroso.