El alcalde de Mondariz testifica contra su antecesor, acusado de prevaricación
MONDARIZ
Julio Alén descarga la responsabilidad en los funcionarios que pidieron 39.812 euros
25 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El alcalde de Mondariz, el nacionalista independiente Xoán Carlos Montes Bugarín, testificó ayer contra el antiguo regidor del PP, Julio Alén, en el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial. La fiscalía solicitó la inhabilitación de Alén para cargo público durante siete años. La vista oral, que se celebró en la sección segunda, ha quedado vista para sentencia. Junto al exalcalde y actual portavoz popular en el Concello se sentó en el banquillo de los acusados el arquitecto técnico de Mondariz, Adriano do Carmo F., para el que el ministerio público reclama tres años y seis meses de prisión y multa de diez meses de prisión con una cuota diaria de 25 euros por falsedad documental.
Los hechos fueron denunciados en su día por miembros del BNG, grupo político de la oposición al que pertenecía el actual regidor antes de crear Alternativa por Mondariz. «Ao pedir o expediente vimos que non concordaba o que se pediu co que se estaba a facer», señaló Montes Bugarín. Según el ministerio público, en mayo del año 2010 Julio Alén en su calidad de alcalde, solicitó una subvención de la Xunta por importe de 39.812 euros para la «construcción de pistas deportivas ao aire libre» tras la convocatoria de subvenciones por parte de la Secretaría Xeral para o Deporte. En el proyecto presentado con la solicitud se decía que las obras se iban a hacer en una parcela «vacía e infrautilizada» y se aportó una fotografía de un paraje en la zona de la playa fluvial de Mondariz. Según el fiscal, en realidad en la zona se encontraban unas viejas pistas de deportes y que estaban inventariadas desde el año 2006. «La actividad realmente llevada a cabo no consistió en la construcción de ninguna pista sino que se repararon las existentes. El fiscal dijo que «el acusado Julio Alén conocía estas circunstancias y se valió del engaño en la solicitud para lograr que de este modo se concediese la subvención». Alén contestó en su defensa que las bases eran ambiguas y que se hablaba tanto de construcción como de reparación. Además, descargó la responsabilidad en los funcionarios que fueron los que tramitaron la solicitud. La Xunta exigió la devolución del dinero concedido tras inspeccionar la obra.