El Concello, que alegaba falta de presupuesto, contratará la demolición
12 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Comienza la contrarreloj para derribar las tres casas sentenciadas en As Tomadas, Camposancos. El Concello de A Guarda pidió una prórroga el año pasado alegando que no disponía de los 60.000 euros que costará la demolición, pero el juzgado de lo contencioso número 3 de Pontevedra ha desestimado su recurso y emitido una diligencia de apremio para que lleve a cabo la demolición.
La ejecución está pendiente desde que el juzgado dictó en febrero del 2012 una sentencia que anuló las correspondientes licencias municipales, en las que los propietarios ampararon su construcción. El fallo considera que las tres viviendas unifamiliares, que están rematadas desde hace años, pero que nunca se llegaron a ocupar, están en suelo rústico de especial.
El Concello argumentaba que al tener los presupuestos prorrogados no tenía partida consignada ni había vinculación jurídica que permitiera detraer esa cantidad de otra. El juez rechaza su argumento alegando que la orden de demolición se dictó en diciembre del 2013, por lo que entiende que el Concello «tuvo tiempo más que suficiente para llevar a cabo una previsión del gastos de la ejecución». Hay una diligencia de ordenación notificada al Concello a mediados de enero por la que se ordena al gobierno local que antes de un mes indique el estado de la ejecución del derribo.
El alcalde, José Manuel Domínguez Freitas, manifestó ayer que «el Concello licitará la contratación de las obras de derribo de forma inmediata». El proyecto de demolición redactado el año pasado estima que el derribo costará 58.000 euros. Son 16.000 euros por cada una de las viviendas de la promotora Unifamiliares de Bouzas y otros 26.000 para la de Promomiño. Hace un año, el juez le dio un ultimátum al alcalde: o dictaba la orden de derribo antes de 30 de marzo del 2014, y aseguraba su ejecución antes del 30 de junio, o se exponía a una nueva tanda de multas coercitivas como las que tuvo que afrontar en el caso conocido como el de las 21 licencias, porque el Tribunal Superior anuló los permisos de ese número de casas. En este caso, la primera multa sería de 700 euros.
Orden
El recurso del Concello ralentizó el proceso pero ya no caben más alegaciones. El regidor insistió en su intención de acatar la orden, pero mostró sus suspicacias. «Sigo sin entender por qué hay que derribar tres casas que forman parte de un núcleo, que es el de Baixada ao Muiño y que comprende a una treintena; no sé cuál es la diferencia con las demás», manifestó.
En el caso de los ocho pisos ilegales de A Armona, informa que el derribo está en suspenso hasta que se resuelva el recurso presentado en el Tribunal Supremo.