Medio centenar de hosteleros vigueses, embargados desde enero por no pagar música a la SGAE

E. V. PITA VIGO / LA VOZ

VIGO

Óscar Vázquez

El juez de lo mercantil confisca entre 300 y 500 euros de las cuentas a cada deudor

20 abr 2019 . Actualizado a las 23:00 h.

Nadie se escapa de pagar el canon por los derechos de autor de obras musicales a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Entre enero y abril, hasta 45 hosteleros de Vigo que hicieron sonar en su local algún tipo de canción por la radio o televisión sin abonar los derechos de propiedad intelectual han sido embargados por incumplir la sentencia que les obligó a ello. Los dueños de bares o cafeterías de Vigo más remolones y que hicieron caso omiso a la sentencia se llevaron una sorpresa al ver cómo los tribunales confiscaron en sus cuentas corrientes el dinero que adeudan. «En los pleitos con la SGAE, voluntariamente nadie cumple, hay que embargar», dicen fuentes jurídicas.

En los últimos tres meses, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Vigo requisó a 45 dueños de cafetería o bar entre 300 y 500 euros de media de sus respectivas cuentas, así como los intereses. En total, rondan los 22.500 euros recaudados desde enero. Los funcionarios solo buscan el dinero porque las deudas son muy pequeñas y no compensa embargar bienes inmuebles para subastarlos, como coches, pisos o fincas, dado que las anotaciones registrales serían muy caras.

Estos embargos se denominan ejecuciones de sentencia y son promovidas por la SGAE para cobrar cuando el deudor no se da por enterado de la sentencia. La sociedad de autores presenta una demanda para la ejecución de sentencia y el tribunal emite una orden al banco para sacar el dinero de cuenta del hostelero.

El fenómeno va en aumento. Este trimestre ha sido inusualmente activo en cuanto a ejecuciones de sentencia. En un año normal, el juzgado de lo mercantil tramita un centenar de embargos a deudores pero, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, realizó 45, el doble que hace un año, cuando se registraron 24. El número de casos es tan alto que supone casi la mitad de un ejercicio.

De estas 45 ejecuciones en tres meses, la inmensa mayoría se dirigieron contra hosteleros que incumplieron su condena a pagar a la SGAE pero también hubo otra parte contra administradores de sociedades quebradas y condenados por ser insolventes.

Otra razón por la que repuntan las ejecuciones es porque en la primavera del 2018 hubo una huelga de funcionarios judiciales y estos procedimientos apenas se tramitaron por no ser servicios mínimos. A la vez, durante el parón de tres meses, el juez dictó menos sentencias y ello influyó en las demandas de ejecución que presentaron los acreedores.

Los pleitos promovidos por las SGAE son los segundos más habituales en el mercantil. Los primeros son de viajeros contra las aerolíneas por la cancelación de un vuelo o el extravío de su equipaje. En este caso, las compañías, si son condenadas o negocian un pacto extrajudicial, siempre pagan la indemnización al pasajero en cuanto reciben la sentencia. Solo hay embargos cuando se trata de una operadora desconocida o poco habitual.

Matrimonio en quiebra

Este trimestre entraron once concursos de acreedores, de los que diez eran de sociedades y uno de un matrimonio empresario. En este último caso, la pareja en quiebra fue primero a la mediación para conseguir un acuerdo y luego el Registro Mercantil les nombró un mediador para liquidar sus bienes y patrimonio. En caso de que fuesen insolventes, ambos cónyuges podrían acogerse a la ley de Segunda Oportunidad para librarse de la deuda.

Coral Casablanca negocia una tarifa plana

La Coral Casablanca, a pesar de no pagar el canon tras recibir una sentencia condenatoria, se ha librado, de momento, de que el juzgado embargue sus cuentas. La razón es que la sentencia que condena a la polifónica viguesa aún no es firme y ha sido recurrida en apelación en la Audiencia. El 15 de enero, el juez del número 3 de lo mercantil ordenó al coro que pagase 7.300 euros a la SGAE en concepto de derechos de propiedad de las canciones que interpretan en el repertorio de sus conciertos gratuitos en el parque de Castrelos. Desde hace semanas, los vigueses intentan pactar una tarifa plana o «razonable» de derechos de autor con la nueva presidenta de la SGAE.

La coral sigue con su estrategia de no abonar voluntariamente el canon de sus conciertos solidarios. «No estamos pagando, seguimos exactamente igual», dicen fuentes de esta sociedad. La polifónica quiere esperar al resultado de la deliberación sobre el recurso que han presentado en la sexta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo.

Paralelamente, esta entidad musical aguarda para reunirse con la nueva presidenta de la SGAE, la soprano Pilar Jurado, que sustituyó en febrero al cesado José Ángel Hevia. Días antes se habían reunido con él en Madrid para negociar una especie de tarifa plana que fuese razonable. El acuerdo amistoso se truncó por la sorpresiva expulsión del presidente y ahora tienen que negociar su idea de una tarifa razonable con la sucesora.

Además, la sala de lo mercantil tramitó este trimestre 5 preconcursos, 5 incidentes concursales y 180 casos no concursales (entre ellos 20 monitorios).