Un alto cargo financiero del INI recuerda que en una reunión en Madrid para salvar GEA y el millar de empleos estuvo presente el ahora alcalde de Vigo, Abel Caballero
27 jun 2017 . Actualizado a las 20:38 h.El juicio por el saqueo de GEA ha continuado hoy con la declaración como testigos de tres de los cuatro antiguos directivos. Juan Ramón Güell, que fue nombrado gerente de la firma en 1996, no pudo venir hoy y fue citado para mañana. El primero en testificar fue el ex director financiero y de control hasta 1992, Manuel J.A. Somoza, quien dijo que «al ser vendida, la empresa estaba en un momento dulce, yo la hubiese comprado por cien millones de pesetas (600.000 euros), no era un precio simbólico sino justo». El alto cargo señala que el INI, tras una auditoría, saneó la deuda de GEA y las pérdidas con 1.400 millones de pesetas (9 millones de euros), canceló los préstamos y dejó dinero para actualizar el valor de las existencias, reestructurar la plantilla y modernizar los hornos. Las pérdidas en 1991, según su versión, ascendían a 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros).
Al exdirector, que fue nombrado en su día por el INI, no le consta que hubiese un plan de viabilidad de los nuevos propietarios, «que me apartaron» del cargo tras la privatización.
También desconoce que hubiese un pacto con el INI para devolver a los nuevos dueños los cien millones de pesetas que pagaron con la empresa. Señala que «me pareció raro» que se emitiesen 115 millones de pesetas (690.000 euros) talones al portador (según la acusación, para comprar la propia GEA) pero no informó al INI de dicha «irregularidad en una empresa seria» porque ya no era asunto de su responsabilidad. Dice que la orden de hacer esos talones se la dio en una nota manuscrita el director José Orozco, y que este avaló la operación en presencia del presidente, Vicente Mata. Finalmente, ese dinero fue contabilizado con el concepto de préstamo o cesiones de tesorería y la operación quedó aprobada en las cuentas anuales.
Negó que la deuda de GEA ascendiese a «miles de millones de pesetas», como alegan los acusados, y está en desacuerdo con la valoración que hizo la auditoría de la mercancía almacenada sin vender.
Una década después, Somoza fue nombrado administrador judicial en la quiebra de GEA.
La segunda jornada del juicio se ha celebrado esta mañana en la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo.
El segundo en declarar fue el exsecretario del consejo del INI, Luis Felipe Castresana, que habló por videoconferencia desde Madrid. Lo que hizo en la compraventa de GEA en octubre de 1991 fue asistir a la firma entre el INI y Pigman y Estrudesa. En la reunión se pactó reducir la plantilla a 700 trabajadores. Supone que el precio «debió ser muy bajo» por ser una empresa con problemas a privatizar.
Años después, en 1994, los directivos volvieron a pedir ayuda a los servicios financieros del INI por sus dificultades de mantener la empresa. en alguna de las reuniones en Madrid para salvar los empleos y la viabilidad de GEA incluso estuvo el ahora alcalde de Vigo, Abel Caballero, y otras autoridades locales, como el entonces primer edil de la ciudad, o regionales.
Un tercer testigo fue el extrabajador de GEA que presidió el Grupo de Opinión GEA. En su declaración fue taxativo: «Eran caras distintas pero son la misma gente, cambiaban los nombres y los planes de viabilidad pero seguían sangrando a GEA». Asegura que sufrió castigos por denunciar ante el fiscal las irregularidades gracias a los documentos que les filtraban unos directivos y sus contrarios, pues había una guerra interna entre ellos.
Están acusados cinco directivos (uno de ellos fugado y otros dos que son hermanos y se defienden entre sí como abogados) y la empresa Corbagal, ultima propietaria de GEA. El fiscal ha retirado su acusación por haber prescrito el delito tras haber pasado 26 años desde la compra de GEA por parte de los implicados. La acusación particular mantiene los cargos porque les imputa delitos agravados, que prescriben a los diez años.