La jueza concedió ayer un nuevo aplazamiento para que intervengan Xunta y Concello
21 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La titular del juzgado de primera instancia número 1, María Isabel Castro, ordenó el desalojo de los inquilinos de un piso de la calle Barcelona que adeudaban casi un año de alquiler desconociendo que en dicha unidad familiar había dos menores. El hecho trascendió ayer, tres días después de que dicho juzgado paralizara el lanzamiento el pasado jueves. Tras la intervención de varias organizaciones sociales, que lograron retrasar la medida, y el compromiso de Xunta y Concello de implicarse para que la familia no quede en la calle, el juzgado concedió ayer un plazo suplementario de diez días que empezará a contar a partir del próximo lunes.
La odisea de Gerardo y María Inés, y por extensión de dos hijas de corta edad (4 y 5 años), dio ayer un giro sustancial al lograr una mayor implicación de las administraciones. En ello ha sido decisivo la presión realizada desde organizaciones sociales implicadas para evitar desalojos por causas económicas.
A primera hora de la mañana se personaban en el juzgado representantes de la Federación Vecinal, Os Ninguéns, Rede Solidaria Popular y la Plataforma Antidesahucios. Lograron ser recibidos por la jueza, a la que explicaron la difícil situación de esta familia, con ambos progenitores en paro y la madre enferma y pendiente de una cercana operación quirúrgica.
Debido a la situación de desempleo que padecen (la madre desde hace más de cinco años y el padre los últimos 18 meses) no han podido hacer frente a los recibos del alquiler desde marzo del año pasado. Por ello adeudan a la propietaria más de 3.000 euros, 300 euros por mensualidad. A duras penas han logrado salir adelante con una ayuda municipal de 700 euros para alimentos y la comida que les ha facilitado Cáritas, pero insuficiente para afrontar el alquiler.
No fue hasta el jueves cuando la jueza supo que había dos niñas de corta edad implicadas. Este dato crucial no salió a relucir en la respuesta a la demanda de desahucio de la propietaria ni tampoco en la vista celebrada hace unos días, en la que se fijó las 9 horas del jueves 19 para el desalojo. Tampoco lo detalló la Xunta en la comunicación enviada el miércoles para intentar parar la orden de lanzamiento la víspera de la fecha señalada.
Al llegar la comisión judicial al piso el jueves, los activistas sociales les informaron de que iban a quedar en la calle las dos niñas, con sus padres, lo que comunicaron de inmediato a la jueza. Poco después se ordenó un aplazamiento hasta el próximo lunes, que ahora se alargará diez días suplementarios.
En este plazo de tiempo, la familia, con la ayuda de las organizaciones citadas, debe encontrar un piso de alquiler modesto para poder instalarse. Obviamente, también los medios para poder financiar los pagos iniciales, incluida la mensualidad, fianza y la contratación de los servicios esenciales (agua y luz, principalmente).
Del lado municipal, en Benestar Social les han informado que la ayuda usual en estos casos es de 200 euros, que podrían intentar ampliar hasta el triple de esta cantidad. Por su parte, la Xunta podría aportar algo más de 1.300 euros. Sumadas ambas cantidades y siempre que localicen un piso cuyo dueño no exija avales, en los próximos diez días podrían dar carpetazo a la grave situación que afrontan estos días.
Cara al futuro, desde el Gobierno gallego estudia la concesión de ayudas a medio plazo que permitan la estabilización de esta unidad familiar. El objetivo es que puedan salir adelante mientras el padre no encuentre un empleo y la madre supere la intervención quirúrgica.
Para ello, el Concello, siguiendo el protocolo habitual, está preparando la documentación para que tengan acceso a la risga (renta de integración social de Galicia). Paralelamente, la Xunta tramita la concesión del bono alugueiro (200 euros al mes por un máximo de dos años) con el que cubrirán una parte importante del coste del alquiler. Sin embargo, seguirán teniendo sobre sus espaldas la deuda contraída con el propietario del piso actual, aún pendiente de saldar.
«Si nos lo hubieran dicho antes ya estaría resuelto»
El alcalde vigués afirmó ayer que esta familia estaba siendo atendida desde hace mucho tiempo por los servicios sociales del Concello. «Desafortunadamente, en los últimos meses no acudieron y no nos pudimos enterar hasta anteayer de lo que estaba sucediendo. Si lo hubiéramos sabido 10 días antes estaría resuelto».
Caballero envió un mensaje nada velado a las organizaciones sociales que apoyan a la familia. «No han tenido mucho interés en avisar al Concello y sí en dar una rueda de prensa. No sé que pretenden avisando tras la comparecencia», se preguntó.
Asegura que el plan antidesahucios del Concello es efectivo «pero precisamos más de un día para resolver un caso como este. No obstante, estamos en ello y le hemos dicho a la familia que busque un piso, que cooperaremos. Arreglaremos este caso, como hemos hecho con otros muchos».