La jueza aprecia «malversación continuada» en el enchufe de la cuñada de Carmela Silva
VIGO
Investiga a dos directivos de Imesapi y mantiene como investigado al concejal Santos Héctor Rodríguez
19 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La investigación por la presunta contratación fraudulenta en una concesionaria municipal de la cuñada de Carmela Silva dio ayer un giro con dos nuevos investigados (figura que sustituye a la de imputados) en un caso en el que ya están implicados otras tres personas. En el auto, la jueza aprecia «delitos continuados de malversación de caudales públicos» en pagos realizados por el Concello que no se justifican.
Los investigados son representantes de la empresa Imesapi que hasta ahora habían declarado como testigos. Se suman a las del concejal Santos Héctor Rodríguez, también secretario provincial del PSdeG-PSOE; el funcionario Francisco Rodríguez Orue y la beneficiada por este contrato, Vanesa Falque, cuñada de Silva.
La titular del juzgado de instrucción número 7 considera a Ramón Comesaña y José Antonio Míguez engranaje fundamental en los hechos investigados. La jueza, María del Carmen García Campos, quiere aclarar por qué el Concello abonó 128.582 euros a Imesapi por unos trabajos que no está claro que se llevaran a cabo.
Santos Héctor Rodríguez es el responsable del departamento que tiene a su cargo los centros cívicos municipales, cuya gestión estaba encomendada a Imesapi, y Francisco Gutiérrez Orue es el funcionario jefe de Participación Ciudadana.
La juez no entiende como Imesapi cobró 128.582 euros y no sabe explicar quien hizo las encuestas de calidad que le permitieron facturar esta importante cantidad. Precisa el auto que «creía» que los había hecho Vanesa Falque «ya que las facturas cobradas corresponden a trabajos encomendados [a la cuñada de Silva] por parte del Concello».
«Muy serios indicios»
Vanesa Falque declaró haber recabado los datos precisos para las encuestas, pero no haber elaborado los trabajos de análisis, volcado de datos y conclusiones. Para mayor confusión, el Concello dice que en los trabajos facturados no consta quien los hizo.
Entiende la juez que «esto constituye una situación inadmisible pues se está partiendo del pago por parte del Concello de nueve facturas que han importado 128.562 euros con cargo a las arcas municipales, en la que es evidente que Imesapi desempeña un papel esencial al prestar la cobertura necesaria para poder canalizar y dar forma a estos pagos mediante, por un lado, la contratación de Vanesa Falque, que no parece que necesitase, y por otro la elaboración de unas facturas por unos trabajos de los que concurren muy serios indicios de que no haya hecho, pero que son las que permiten justificar formalmente los cobros recibidos con cargo al Concello».
De ello deduce que «concurren en la conducta de los representantes de Imesapi indicios de colaboración necesaria en un comportamiento ilícito, que aparte de la inicial prevaricación apreciada podría integrar delitos continuados de malversación de caudales públicos y en su caso de falsedad documental».
Por ello los cita a declarar como investigados el 27 de abril y a Vanesa Falque y Francisco Gutiérrez Orue a una nueva declaración el 28. No menciona al concejal Santos Héctor Rodríguez, que ya declaró ante la jueza, y que por tanto sigue investigado.