Agricultura retiene en Vigo por pesca ilegal dos buques sin bandera

e. Abuín, ana balseiro REDACCIÓN, MADRID / LA VOZ

VIGO

Los buques permanecen retenidos en las instalaciones de Fandicosta en Domaio (Moaña).
Los buques permanecen retenidos en las instalaciones de Fandicosta en Domaio (Moaña). Oscar Vazquez

Los barcos «Antony» y «Northern Warrior» deberán entregar fianzas superiores al millón de euros para que puedan abandonar el puerto

19 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

O es casualidad o, Guardia Civil e Interpol por un lado, y Ministerio de Agricultura por otro, están rivalizando en cuanto a contundencia contra la pesca ilegal. Lo peor, para los piratas, claro. Ayer, cuando el instituto armado y la policía internacional daban cuenta en rueda de prensa de cómo se había gestado el mayor golpe a una organización criminal que operaba en el ámbito pesquero, Agricultura anunciaba el resultado de su operación Banderas, en cuyo transcurso se ha retenido en el puerto de Vigo a dos buques apátridas supuestamente relacionados con la pesca pirata. Y lo hizo justo un día después de difundir la resolución tomada contra empresas y personas físicas del grupo Vidal Armadores, al que además de sancionar con 17,8 millones de euros, ha inhabilitado para el ejercicio de la actividad pesquera y privado de recibir subvenciones durante un cuarto de siglo.

La operación Banderas ha conllevado la retención del Antony y del Northern Warrior en el puerto de Vigo tras detectar la posible comisión de varias infracciones graves y muy graves en materia de pesca marítima, por incumplimiento de la normativa pesquera española y comunitaria.

Según Agricultura, ambos buques presentaron documentos falsos sobre su bandera. Unos papeles que, además, habrían utilizado para obtener las licencias de pesca que emplearon durante el año 2015. Sin embargo, la información obtenida durante las inspecciones «ha confirmado que se trata, en ambos casos, de buques actualmente en situación apátrida»; esto es, sin ninguna bandera.

Además, Agricultura tiene también evidencias de que esas embarcaciones están vinculados a las empresas que fueron registradas en julio del 2015 por parte de los inspectores de la Secretaría General de Pesca en el marco de la operación Sparrow 2, así como con otros buques implicados en actividades de pesca ilegal.

Fianzas de un millón

En aquella segunda redada habían sido investigadas las oficinas de varias empresas situadas en Ribeira -aunque no las vinculadas a Antonio Vidal y su familia-, en O Carballiño y en el centro de Vigo.

Agricultura ha abierto los correspondientes procedimientos sancionadores en materia de pesca marítima, confirmando en los acuerdos de inicio las medidas provisionales adoptadas de retener a ambos buques. En base a la gravedad y número de infracciones detectadas, tipificadas como graves y muy graves, -y que pueden suponer sanciones de hasta 600.000 euros cada una individualmente-, se han fijado fianzas superiores al millón de euros en ambos casos, que deberán ser abonadas para que los buques puedan abandonar el puerto de Vigo.

El clan de los Vidal ganó más de cien millones desde el 2006 con tres barcos piratas

Interpol y Guardia Civil sacaron pecho al explicar la complejidad de la operación Yuyus, el primer golpe internacional contra la pesca ilegal, en el que han participado 14 países bajo la coordinación de la policía internacional, y que ha supuesto el desmantelamiento de la actividad delictiva en la Antártida de la empresa ribeirense Armadores Vidal, que funcionaba como un «perfecto grupo criminal organizado».

Los investigadores estiman que la pesca ilegal de merluza negra reportó al grupo gallego unos beneficios superiores a los diez millones de euros por temporada, lo que dispararía las ganancias por encima de los 100 millones, pues hay pruebas de que realizaban tal actividad desde el 2006, pese a que los indicios apuntan a que pudieron comenzar incluso antes del 2002. En conjunto, habrían capturado más de 3.500 toneladas de una especie fundamental para preservar el equilibrio medioambiental de la Antártida, por lo que están acusados en la Audiencia Nacional de un delito contra el medio ambiente, además de los de blanqueo, falsedad documental e integración en grupo criminal.

También se despejó la incógnita sobre el nombre de la operación, que se bautizó como Yuyus por un juego de pronunciación sobre la condición pirata de los buques, IUU por sus siglas en inglés illegal, unreported and unregulated; es decir, ilegal, no documentado y no regulado.