Las amenazas de multa que han recibido numerosos vecinos tras la revisión de las propiedades provoca un encendido debate al constatarse errores
02 feb 2015 . Actualizado a las 10:44 h.El «catastrazo» mantiene en alerta a los vecinos de Ponteareas. La revisión los padrones y el envío de cartas a parroquias rurales como Guillade, en las que se da cuenta de la comprobación de las construcciones existentes y se informa de que las mismas, no se corresponden con lo declarado en la contribución urbana (IBI). Además, el Castro exige el pago de 60 euros en tasas y amenaza con imponer sanciones.
El concejal independiente Juan Carlos González traslada el malstar existente y cuenta el caso de uno de los vecinos afectados. «Una finca valorada en 52.000 euros pasó a 72.000, por lo que el IBI le aumenta 70 euros al año y la dicen que tiene que pagarlo con efectos retroactivos desde hace cuatro años».
La viceportavoz de Alternativa Ciudadana, Raquel Bautista, asegura que es sorprendente «la cantidad de errores que tienen dichas comunicaciones, en las que, en numerosos casos, se considera a galpones agrícolas y garajes como si fuesen viviendas». La ponencia de valores catastrales fue revisada ya en el año 2009 y no se entiende, asegura Bautista, a qué viene esta nueva revisión, «sobre todo si tenemos en cuenta que la gran mayoría de viviendas rurales tienen agregado un garaje o un galpón agrícola para guardar los aperos de labranza».
Las cartas del organismo exigen el abono de las tasas y advierten sobre el embargo de las cuentas si no se hace efectivo el pago en el período voluntario. Todo esto «cuando aún no se sabe el incremento del IBI para el 2015 y si la Dirección General del Catastro puede reclamar los últimos cuatro años con carácter retroactivo», señala la concejala Bautista: «Es algo que hay que corregir ya que el responsable de la recaudación de este impuesto es el propio Ayuntamiento».
Entre los vecinos existe mucha desorientación. Al recibir la comunicación, se dirigen a las oficinas del ORAL, donde les comunican que no pueden hacer nada y que busquen la ayuda de un técnico para realizar las correspondientes alegaciones.
La edila Bautista no entiende que tal como está la economía de las familias en estos tiempos «se le puedan exigir más gastos al tener que recurrir a un técnico y aportar una serie de documentación justificativa». «Una cosa es dar de alta las viviendas que no lo estén y otra, muy distinta querer recaudar por un concepto injusto», añade.
Lo más triste «es el silencio del gobierno municipal, que no toma ninguna medida, ni de defensa ni de información, a favor de los vecinos», asegura la concejala de Alternativa. Dice que «se sienten completamente indefensos ante la pasividad del Concello porque, no lo olvidemos, el IBI es un impuesto municipal».
La oposición municipal quiere que el alcalde de Ponteareas convoque una reunión urgente de la junta de portavoces para abordar este grave problema y poner los medios necesarios para que el Concello informe y asesore a los vecinos sobre las alegaciones que tienen que presentar para solventar esta situación y realizar las gestiones necesarias para paralizar las resoluciones que sean incorrectas».
La sentencia del Tribunal Supremo del pasado 30 de mayo de 2014 puso en evidencia que en muchos municipios se están aplicando unos impuestos que no se ajustan a la realidad de las fincas de sus propietarios en consonancia con los planeamientos urbanísticos. A raíz de dicha sentencia, la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) emitió una circular en la que señala que los bienes inmuebles situados en suelos urbanizables sólo pueden valorarse catastralmente como urbanos si disponen de un plan parcial.
El fallo no tiene efectos jurídicos directos sobre las situaciones particulares, ni produce la anulación de las ponencias de valores aprobadas a la fecha del fallo. «Tampoco fija ninguna doctrina legal, no sienta jurisprudencia», dice la Femp.
La oposición exige que el alcalde convoque una junta para abordar el tema