El Concello se demora con las actas del caso Hormigón

E.V.PITa VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

La jueza rechazó por defectos de forma varios folios escaneados de la documentación que pidió al Ayuntamiento, que debe corregirlo

31 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El juzgado de instrucción número 1 de Vigo sigue a la espera de la documentación que reclamó hace 3 meses al Concello de Vigo para investigar el caso Hormigón, en el que está imputado el concejal Ángel Rivas en una trama de prevaricación administrativa. La Fiscalía reclamó al Ayuntamiento en octubre que le entregase las actas de todas las juntas de gobierno en las que estuviese presente el edil sospechoso y, recientemente, el Concello remitió los papeles pero con defectos de forma, lo que le ha obligado a subsanarlo, tarea en la que está.

Al parecer, el problema surgió porque hubo un deficiente escaneo de las actas pues algunos folios salieron defectuosos. El juzgado detectó los defectos de forma, que invalidaban el material como prueba, y ordenó al Concello que subsanase los errores y remitiese los papeles en perfectas condiciones de legibilidad y presencia. Por el momento, la jueza sigue a la espera de que le entreguen los datos.

Esta documentación es clave porque la jueza y la Fiscalía la necesitan para interrogar sobre ella a los testigos. Entre ellos están varios técnicos municipales que asistían a las sesiones y que daban fe de las actas. Una vez que lleguen los papeles, la jueza citará a los técnicos para que declaren. Su testimonio fue aplazado en octubre precisamente porque era necesario tener a mano la documentación. Son miles de folios que habrá que analizar.

La operación Hormigón implica a Rivas porque, como gerente de la cementera Valle Miñor, votaba como concejal de Parques y Jardines a favor de adjudicaciones de obras de humanización a constructoras que luego compraban a su empresa el material. A todo ello se suma que en los mismas juntas de gobierno se aprobaron numerosos pagos como reconocimiento extrajudicial de crédito que se justificaron como ampliación de obras. La Fiscalía ve ahí una sospechosa forma de conceder trabajos sin pasar por un concurso público previo.