Los interventores, encargados de controlar los desplazamientos y otros gastos, pueden ser cesados a discreción por los alcaldes. En Vigo ha ocurrido ya en dos ocasiones
23 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.¿Quién fiscaliza los viajes de los políticos en el Concello? En la figura de los interventores recae hacer cumplir la ley controlando que los gastos que realicen concejales y alcalde se ajustan a lo establecido. Los desplazamientos, por supuesto, tienen que responder a actividades municipales y estar justificados. Sin embargo, es prácticamente imposible acceder a esta información.
Solo pueden solicitarla los concejales, obviamente los de la oposición, pues no es imaginable a uno del gobierno controlando a su propio grupo. Los ciudadanos de a pie quedan excluidos ya que no tienen un interés directo.
En el caso de Vigo, no se recuerda que ningún edil del PP o del BNG hayan investigado si los frecuentes viajes de Caballero a Madrid para asuntos de la Federación de Municipios (FEMP) o del partido los financia el Concello o bien la institución que motiva este viaje. No parece ser un tema que les preocupe a la vista de su desinterés. Sí han pedido expedientes de este tipo en alguna ocasión todo debía estar bien pues nunca convocaron una rueda de prensa por esta cuestión.
Según explican funcionarios municipales, la práctica habitual en estos casos es que exista partida presupuestaria (nunca está desglosada y por tanto el gasto concreto es opaco) y si es un concejal, que lo autorice el alcalde. El regidor, claro, se autoriza a sí mismo. En la Ley de Régimen Local se establece que los concejales deben percibir indemnización por los gastos realizados en el ejercicio de su cargo. Como se haga depende de cada Concello y puede ser un reglamento o bien estar incluido en las bases de ejecución del presupuesto.
Cuando se va a realizar, lo habitual es presentar una propuesta de gasto a Intervención, explicando el motivo. Después, el Concello compra el billete o se lo abona al político en cuestión si lo ha adquirido personalmente. Este control de legalidad no incluye el de oportunidad, esto es, si el viaje es necesario para la gestión local. Eso ya una cuestión política y depende del alcalde. Por ejemplo, no hace mucho el edil de Fomento vigués, David Regades, viajó a México, sin duda para trabajar por la ciudad.
El funcionario encargado de la fiscalización del Concello de Vigo no es independiente. La persona que dirige la corporación a la que debe controlar es quien le nombra y, detalle no menor, quien puede relevarlo a discreción. Obviamente, no es una cuestión que afecte en exclusiva a Vigo pero solo ocurre en las corporaciones de grandes ciudades.
Lo que no pasa tanto es que un alcalde tome una decisión de este tipo, que en Vigo se ha repetido en dos ocasiones. Lo hizo Corina Porro hace una década, cuando defenestró a la interventora, Berta Guarner, poniendo en su lugar a Juan Ramón González. En 2012 Caballero se cansó de este funcionario adoptando idéntica decisión, con la novedad de que colocó en el puesto a Luis García. Lo curioso es que carece de la categoría necesaria para ejercer en Vigo.
Los interventores tienen sobre su cabeza una espada de Damocles a la vez que deben hacer cumplir la ley. Uno de ellos confesó a La Voz, desde el anonimato, que «nunca aceptaría un nombramiento de estas características. Hay un momento en el que tienes que decir que no y se produce el choque». Algo de esto saben Guarner y González. Por si acaso, este funcionario ejerce en un municipio más pequeño donde su nombramiento lo realiza el Gobierno central y a cambio no puede ser removido.