Vecinos de Coia pagaron en negro sobreprecios en pisos protegidos

E.V.PITa VIGO / LA VOZ

VIGO

27 de los 126 compradores de Parque Bouza ya confesaron en el juicio

07 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

Veintisiete propietarios de pisos en las torres construidas por Parque Bouza SL en Coia confesaron en un juicio por fraude fiscal que la promotora les exigió pagar sobreprecios en negro de hasta 20.000 euros como condición para cerrar la venta en 1996. En la sesión de ayer declararon 15 compradores y la próxima semana lo harán 83. El juicio se celebra en el penal número 2 de Vigo, durará hasta el día 19 y la Fiscalía pide 3 años de cárcel para dos administradores por defraudar medio millón tras cobrar 1,5 millones en negro a 126 clientes.

Los primeros afectados que declararon ayer y el miércoles contaron cómo funcionaba la trama. La constructora Parque Bouza SL vendió ese año un total 126 pisos de protección oficial con promoción privada en el cruce de la avenida de Florida, 86, con Cronista Rodríguez Elías. Dado que la constructora había recibido ayudas públicas, la ley establece que cada categoría de piso cuesta el mismo precio independientemente de su altura. Dicho tope legal era el que figuraba en las escrituras pero en el despacho se hacía otro pago en negro. El que se negase perdía su derecho de compra. Nadie se quejó porque los pisos salían económicos y era una buena oportunidad.

Así lo relataron 27 de los 28 clientes que declararon ayer en el juicio. El único que no confirmó la trama dijo que el precio que pagó coincidía con el escriturado. El resto de los compradores relataron a preguntas del fiscal que el representante de la promotora les ponía como excusa que su piso era alto y, por tanto, debían pagar el sobrecoste en negro, una cantidad a mayores de lo escriturado. Se lo planteaban como una cuestión de lo tomas o lo dejas. En función de la altura del piso, cada comprador pagaba entre 9.000 y 20.000 euros.

La mayoría de los clientes no disponían de dinero B y sacaron los billetes directamente de sus cuentas bancarias, lo que dejó un rastro fácil de seguir por Hacienda. Cada comprador iba a su banco acompañado del gerente -que falleció en el 2012-, sacaba el dinero en metálico y se lo daba en mano al vendedor.

Los compradores también contaron en el juicio que exigieron a la promotora un recibo de dicho pago en B. Puesto que era algo ilegal, la promotora no dio facturas pero firmó una cláusula extracontractual en la que se comprometía a indemnizar al comprador con una cantidad que coincidía con la pagada en negro si no le entregaban el piso o surgían problemas, como ocurrió cuando un litigante presentó una demanda urbanística contra la obra.

En 1999, Hacienda hizo una inspección y descubrió el fraude fiscal. Muchos clientes lo negaron todo pero la agencia tributaria ya tenía los extractos de sus movimientos bancarios que probaban que retiraron cuantiosas sumas antes de la compra. Ese dinero no salía reflejado en la escritura.

Algunos propietarios alegaron que sacaron esas cantidades para comprar un coche pero no aportaron facturas que lo acreditasen. Otro dijo que se gastó 12.000 euros en muebles y electrodomésticos para su futura casa y, mientras, los guardó en su vivienda de alquiler. El fiscal no les cree y podría pedir que se deduzca testimonio por falso testimonio.

Los compradores no serán castigados por Hacienda pero saldrán perjudicados cuando vendan su vivienda porque el precio de la escritura será menor que el real y obtendrán una mayor plusvalía por la que pagarán más impuestos y desgravarán menos.