Los dos acusados fomentaron una oleada de llamadas para exigir la supresión de la cláusula suelo a la oficina bancaria
29 oct 2014 . Actualizado a las 11:13 h.Dos portavoces de la plataforma ciudadana contra la cláusula suelo se sentaron ayer en el banquillo por fomentar presuntamente una oleada de llamadas telefónicas dirigidas al Banco Popular para exigir la supresión de este concepto declarado ilegal. La central de la calle Policarpo Sanz presentó una demanda en el juzgado porque afirman que la gran cantidad de llamadas que recibieron el 31 de octubre del año 2013 provocó un colapso en su centralita y alteró el normal desarrollo de la jornada laboral en la oficina bancaria.
La convocatoria de acoso telefónico fue lanzada a través de las redes sociales y a la misma se sumaron personas de todos los puntos de la península. El objetivo era exigir al Banco Popular la retirada de un concepto que grava el pago mensual de la hipoteca y que, tras su anulación por parte de los tribunales de justicia, otras entidades bancarias han retirado e incluso devuelto importes cobrados de más a sus clientes.
El juicio por una presunta falta de coacciones iba a celebrarse ayer en el juzgado de instrucción número 7 de Vigo. No obstante, la magistrada se vio obligada a suspender la vista después de que los letrados de la parte demandada alegaran la prescripción de la falta, puesto que transcurrieron más de seis meses desde que el banco denunció los hechos en la comisaría y hasta la firma del auto en el que se concretó el procedimiento judicial con los nombres de los acusados. La jueza da un plazo de cinco días a la otra parte para que pueda presentar las alegaciones que considere oportunas, antes de que conteste por escrito a la alegación formulada.
Los dos acusados son Emilio Domínguez y Patricia Reche, que promovieron diversos actos de protesta en esta entidad bancaria como afectados por la cláusula suelo.
El banco también presentó una denuncia por injurias porque en algunas de las llamadas también se profirieron insultos. Sin embargo, la jueza las archivó porque se requería la denuncia de los perjudicados.