Le acusa de adjudicar a dedo el proyecto de urbanización de una calle
28 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El juzgado de lo Penal 3 de Vigo acogió ayer la vista oral en la que la Fiscalía acusa a un vecino de Gondomar de resistencia y desobediencia a la autoridad. Los hechos sucedieron el pasado 10 de enero en un local de la parroquia de Vincios. El acusado se encontraba molestando a unos clientes y cuando llegó la Guardia Civil se negó a ser identificado y tuvo que ser reducido porque mostró una actitud violenta.
El portavoz de Unión Centrista de Nigrán, Antonio Fernández-Comesaña, se enfrenta a una petición de condena de la Fiscalía de nueve años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación. El juicio se celebrará el 12 de noviembre en el juzgado de lo penal 1 de Vigo, si finalmente no prospera un recurso que la defensa del acusado ha presentado ante el Tribunal Constitucional alegando indefensión.
La acusación se basa en que cuando Antonio Fernández Comesaña era concejal de Nuevas Infraestructuras en el año 2005 contrató supuestamente el proyecto de urbanización de una avenida eludiendo el procedimiento de contratación pública. El Concello había firmado en el año 2005 un convenio de colaboración con la Diputación para la contratación de diversas carreteras provinciales, entre la que se encontraba la carretera de Mallón a Areíña.
Una de las cláusulas obligaba a la Administración local a asumir los costes de redacción de los proyectos, mientras que sería la Diputación el organismo que correría con el presupuesto de ejecución. Según el escrito de acusación, a sabiendas de que vulneraba el procedimiento legalmente establecido, el concejal imputado encargó verbalmente a la empresa Alvac la redacción del proyecto de mejora de la seguridad vial de la calle Manuel Prado justo antes de cesar en sus responsabilidades de gobierno. Esta entidad realizó el trabajo requerido y entregó cuatro copias del proyecto al Ayuntamiento. Posteriormente, entre el 8 de enero y el 9 de abril de 2007, «por indicación expresa del acusado», según el fiscal, la empresa presentó siete facturas por importes que nunca excedían los 12.000 euros, pero que sumaban un total de 63.000.
El objetivo, según la acusación pública, era dividir el coste total del proyecto e inducir a error sobre su precio, evitando la aplicación de la normativa que exigía la tramitación de expediente de contratación y publicidad del mismo. De esta forma el encargo realizado podría considerarse como un contrato menor, libre del procedimiento de adjudicación pública.
El acusado conformó además en el año 2007 un duplicado de las facturas a pesar de carecía de competencias para ello, puesto que en aquella época gobernaba en el municipio la coalición PSOE-BNG y él carecía de atribuciones. Según el Ministerio Público, lo hizo además de espaldas al entonces alcalde y a la comisión de gobierno. Ninguna de esas facturas consta que haya sido pagada a día de hoy. Nunca recibieron la aprobación del departamento de Intervención ni fueron incluidas en reconocimientos extrajudiciales de crédito que fueron aprobadas por anterioridad. El edil imputado manifestó que la denuncia tiene fines políticos, se basa en una animadversión de un antiguo edil socialista y dijo que confía en la Justicia porque su actuación fue correcta.
«La denuncia fue por animadversión hacia mi persona y con fines políticos, pero confío en la Justicia»
Antonio Fernández