Las imputaciones, mayoritariamente por corrupción, atenazan a alcaldes y concejales de 8 ayuntamientos del área metropolitana de Vigo a siete meses de las elecciones
26 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Quizás no están todos los que son, pero de momento son todos los que están. El tsunami judicial ha barrido ocho ayuntamientos del área metrolitana de Vigo (incluyendo la pedanía de Bembrive). Los casos de presunta corrupción y prevaricación atenazan a un puñado de alcaldes y concejales a solo siete meses de las elecciones municipales. Puede ser un auténtico sinvivir. Para la mayoría lo está siendo ya. Porque no saben si tendrán que sentarse en el banquillo. Porque no está nada claro que se resuelvan los casos antes de configurar las listas. Porque, en realidad, la cosa todavía pueden ir a más.
Como exponente, la operación Patos. Fuentes judiciales directamente relacionadas con los registros en los ayuntamientos de Vigo y Nigrán, el Puerto, la Delegación de la Xunta, el Consorcio del Casco Vello y la Diputación dan por hecho que habrá más imputaciones. «Diez son pocas para un caso como este», señalan de forma tajante. Se auguran sorpresas no muy lejos de las Navidades para un asunto por el que hubo en su momento cinco detenidos entre los que solo figuraba un político (un exconcejal de Nigrán). La policía se llevó abundante documentación de los despachos de los ediles vigueses David Regades y Ángel Rivas, entre otros. Aunque Caballero se ha negado hasta la fecha a explicar de qué expedientes se trataba, se investigan las adjudicaciones de obras y servicios a varias constructoras que han trabajado con frecuencia para el Ayuntamiento olívico y para la Diputación.
La jueza de Instrucción número 7 de Vigo, María del Carmen García Campos, es la que lleva este caso que está teniendo una instrucción metódica con expertos en delitos económicos y administrativos.
Otra compañera suya, la de Instrucción número 1, Concepción Segade, se encarga del caso Hormigón. Aquí el imputado ha sido el concejal socialista de Parques y Jardines Ángel Rivas, al que se ha tomado declaración esta misma semana por presuntos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios. Rivas participó como edil en la adjudicación de obras a empresas que luego le compraban el cemento a Hormigones Valle Miñor, firma de la que era gerente y apoderado.
En Vigo, hay otro caso sonado que lleva la Fiscalía y que de momento no ha dado lugar a ninguna imputación: la trama de presuntos enchufes en el Concello de familiares y cargos del PSOE que afecta al gobierno de Abel Caballero. La investigación está en manos de otra mujer, la fiscal jefe Susana García-Baquero.
En el área metropolitana, hay cinco alcaldes a los que la Justicia ha señalado directamente y que se la juegan en este sprint final hacia las urnas. Se trata de los regidores Nelson Santos (O Porriño), Moisés Rodríguez (Tui), Salvador González Solla (Ponteareas), Julio Alén (Mondariz) y José Manuel Domínguez Freitas (A Guarda). Los cuatro primeros son del PP y el último, del PSOE. Priman las imputaciones de delitos urbanísticos, pero también las de prevaricación.
En el caso de máximo representante del pueblo de Mondariz, es la Fiscalía la que acaba de sorprender con la petición de apertura de juicio oral y siete años de inhabilitación por solicitar una subvención de 39.000 euros para unas obras en una pistas deportivas que ya existían.
Más sorprendente resulta la imputación del alcalde guardés por permitir la actuación de un ballet en una plaza pública, lo que tenía prohibido por sentencia.
Un posible delito de prevaricación es también lo que se le achaca al edil Fernández Comesaña por pagar unas facturas cuando formaba parte del gobierno de Alfredo Rodríguez en Nigrán.
El pedáneo socialista de la Entidad Local Menor de Bembrive afronta una imputación por tráfico de influencias, supuestamente por ofrecerse para facilitar empleos y ayudar en gestiones urbanísticas en su calidad de funcionario del Concello vigués.
La semana se ha cerrado con el paso por el juzgado del edil vigués José Manuel Figueroa y el alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo, de momento tan solo para declarar por el sobrecoste del estadio de Pasarón.
políticos ante la justicia
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