La vía judicial para salvar de la piqueta los apartamentos ha llegado a su fin
12 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.La vía judicial para salvar de la piqueta los ocho apartamentos ilegales habilitados en un espacio común de una urbanización de A Guarda, levantados en la década de los ochenta con un simple licencia de obra menor, se ha agotado. El derribo es inminente y, si no hay problemas con la adjudicación de las obras, «la demolición podría arrancar en las próximas semanas», confirmó ayer el alcalde de A Guarda, José Manuel Domínguez Freitas.
Ya no hay más subterfugios legales para aplazar el derribo sentenciado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el 25 de noviembre de 1999. Un auto firmado esta semana por la sala número 2 del TSXG pone fin al proceso que arrancó en 1993, cuando un particular denunció toda la urbanización, ubicada en primera línea de costa.
El juzgado acaba de desestimar el recurso de reposición que los afectados habían presentado contra la sentencia dictada en primera instancia a finales de julio por la que no se admitía el incidente de inejecución planteado por el gobierno local de A Guarda en base a un informe que advertía de potenciales daños estructurales para toda la urbanización si se ejecutaba la demolición de los apartamentos ubicados en su planta baja. El Concello no recurrió esa desestimación, pero sí lo hicieron los afectados, a los que ahora la justicia les impone además el pago de las costas.
Alegaban una valoración errónea de las pruebas periciales que el juzgado descarta de nuevo, insistiendo en valorar las de la parte denunciante sobre las que defendía el Concello de A Guarda. El TSXG valida el informe del arquitecto, que asegura que «las demoliciones a ejecutar no afectan a elementos que tienen como función exclusiva la creación de una planta baja de los espacios independientes que constituyen las viviendas». El documento certificado por el mismo técnico tumba los informes que argumentaban el potencial riesgo de colapso de todo el edificio. «Esos elementos no cumplen función estructural alguna y pueden ser demolidos sin mayores problemas», indica.
En el último auto, firmado el 7 de octubre y que ayer fue notificado a las partes, insiste en que no se sustenta la pretendida vulneración de proporcionalidad si la demolición exige el refuerzo de elementos estructurales. El TSXG entiende que la demolición ha de realizarse «adoptando las precauciones que exigen las circunstancias del edificio y sin descartar la necesidad de realizar algún esfuerzo estructural».
Cuenta atrás
El alcalde, José Manuel Domínguez Freitas, indicó, en la misma línea, que para cumplir la sentencia con la mayor «seguridad y cautela posibles», esta misma semana contactarán con el juzgado para concretar los pasos a dar. El Concello, que en su día, contrató el proyecto de derribo de los apartamentos, deberá ahora adjudicar unas obras que están presupuestadas en cerca de 81.000 euros. Se prevé que el derribo acabe antes de mayo del 2015.