Los afectados por la ampliación de la autopista plantan a Fomento
27 sep 2014 . Actualizado a las 04:00 h.Está en paro desde hace dos años y es padre de dos hijos de corta edad, uno de seis años y un bebé de pocos meses. Viven con 700 euros de la nómina de su mujer y con un subsidio. Roberto Villar (34 años) tiene su casa a cinco metros de la autopista y ahora se va a quedar sin ella. Es uno de los perjudicados por la expropiación forzosa para ampliar la AP-9 en Chapela. «Ellos no piensan en la gente que vive aquí», se queja.
Roberto, al igual que los demás vecinos que van a perder su hogar, se negaron ayer a firmar el levantamiento de las actas de ocupación por parte de Audasa y el Ministerio de Fomento. No quieren dejar sus casas y están dispuestos a resistir hasta el final.
Constantino, un jubilado de 66 años que vive pegado a la autopista, dice que los propietarios de inmuebles «teníamos que haber ido hoy [por ayer] a firmar las actas, pero no vamos».
La casa donde vive la familia de Roberto Villar tiene 94 años de antigüedad. Estaba allí mucho antes de que construyesen la autopista. «Era del tatarabuelo de mi mujer», recuerda. Fue reformada en dos ocasiones. Consta de dos plantas y una terraza en la que se soporta un nivel de ruido que alcanza los 85 decibelios. «No te acostumbras al tráfico. Mi hijo ya tiene dificultades para dormir», cuenta Villar.
Este trabajador cualificado del sector del metal fue uno de los vecinos que recibió un bofetón en la cara al leer el Boletín Oficial del Estado del 28 de agosto. Ese día aparecía una lista de afectados por la ampliación de la autopista que era mucho más larga que la primera, publicada en el año 2010. En la relación definitiva hay 30 vecinos que no figuraban hace cuatro años. Por eso la asociación de perjudicados decidió buscar un abogado que les asesorase. También contrataron a un técnico topográfico para realizar sus propias mediciones.
Los dueños de las casas, asesorados por el letrado han presentado una reclamación previa por defecto de forma e indefensión. «Fue el abogado el que nos aconsejó no comparecer a la citación de Audasa y el Ministerio de Fomento para llevar a cabo el levantamiento de actas», relatan.
A Villar le llama la atención que los planos de su casa y de otras viviendas afectadas en la lista definitiva fueron elaborados sin embargo el 25 de junio del año 2011. «¡Estuvieron en un cajón durante tres años!», exclama sorprendido.
A los que no quieren firmar el levantamiento de actas de expropiación les ingresan el dinero de todos modos en una cuenta corriente. «Te depositan el 10 % y no lo puedes tocar. En el caso de que lo hagas se considera que aceptas las condiciones», explican.
«No sé qué va a pasar con mi familia. Con 700 y pico euros de sueldo y un subsidio no puedes pedir una hipoteca», asegura Villar, que recuerda que cuando empezó a hablarse del proyecto llamó para informarse y «me tuvieron tres horas al teléfono entre A Coruña, Santiago y Madrid, sin que me aclarasen nada».
En la relación de inmuebles afectados aparecen siete viviendas unifamiliares y un edificio (que comprende cuatro pisos), un bar, un colegio, cinco garajes, dos terrazas, un anexo a viviendas, tres bodegas y un lavadero. El futuro del centro educativo es una incógnita. Construir otro puede llevar años.
A juicio de los más perjudicados la ampliación de la autopista no va a resolver el problema de los atascos. «Las retenciones son en agosto y además se producen principalmente en la rotonda del corredor. Lo que deberían hacer es construir un túnel en esa glorieta y se acabarían buena parte de los problemas», aseguran los vecinos de Chapela.