Los dueños consideran «indignante» la cantidad ofertada por el suelo
25 sep 2014 . Actualizado a las 04:00 h.El pasillo parece la sala de espera de urgencias de un hospital. Peregrina Lago, de 92 años, aguarda en silencio su turno. «Non hai dereito. Me citaron ás once e media da mañá», se queja la anciana cuando están a punto de dar las dos de la tarde. Poco después sale una funcionaria y le extiende un certificado para que lo firme. No es el de defunción por aburrimiento sino el de amputación de 35 metros cuadrados de su casa, situada junto al puente de Rande. «Nos han ofrecido 90 euros por metro edificable, pero no nos parece justo y vamos a recurrir», señala Agustín Otero, el hijo de Peregrina.
Ambos aguardaban ayer en el pasillo del multiusos de Redondela su turno en el inicio del levantamiento de actas de expropiación para la ampliación del puente de Rande. Los ingenieros de Audasa, los funcionarios del Ministerio de Fomento y los técnicos de una consultoría entraban y salían de dos salas.
Los responsables de la expropiaciones de la AP-9 convocaron ayer a 29 de los 71 afectados. Aunque les daban una hora aproximada para que no tuviesen que esperar más de la cuenta, el horario no se cumplía y las demoras se iban encadenando, como en el médico. Personas mayores como Peregrina estuvieron aguardando más de dos horas a que las atendieran. Las idas y venidas de los encargados de ejecutar la expropiaciones eran constantes y silenciosas entre las dependencias.
En tres mesas, los expropiadores dictaminaban los metros cuadrados que posee cada titular, según los informes catastrales. Los dueños tenían que acreditar documentalmente sus propiedades. Y a pesar de que algunos estaban avisados de que llevasen la documentación pertinente, hubo sorpresas de última hora. Un vecino, Antonio Boullosa, confesaba que «vivo en la finca de mi padre. Tenía la escritura de la casa, pero mi hermano me la perdió».
El mayor propietario
A la hora de hacer cuentas también había discrepancias sobre los metros cuadrados que son titularidad de cada afectado. La empresa Tranvías Eléctricos de Vigo, que es el mayor propietario de terrenos afectados por la ampliación del puente de Rande, exigió una nueva medición topográfica. Asegura que posee 1.800 metros cuadrados de terrenos condicionados por el proyecto, dentro de una finca de 26.000 de su titularidad.
Fomento quiere pagar menos de lo que exige Tranvías porque una parte de la finca está afectada por la servidumbre de Costas, ya que pertenece al dominio marítimo terrestre. Además, la compañía inmobiliaria, que actualmente se dedica a la compraventa de terrenos y la explotación de párkings, señala que en las valoraciones de Audasa y Fomento no se han tenido en cuenta las construcciones realizadas, como una cancela y un cierre perimetral. Los terrenos de Tranvías fueron adquiridos para desarrollar en la zona naves industriales para almacenar contenedores y dar servicios al puerto. Pero ese proyecto está hipotecado por el Plan Xeral.
Otros propietarios son mucho más modestos. «Me han ofrecido ocho euros por metro, aunque sea es indignante», señalaba Eduardo Cabaleiro, uno de los expropiados. Y añadía: «Para lo que me van a dar no vale la pena recurrir a los tribunales. Si no me costase dinero, sí lo haría».
Las obras y sus contraprestaciones serán objeto de debate en el pleno municipal que se celebra hoy en Redondela y en el que los grupos consensuarán sus peticiones al Ministerio.