El alcalde valora no recurrir la sentencia y cambiarla de emplazamiento
12 sep 2014 . Actualizado a las 13:21 h.La repercusión de la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Vigo pidiendo la retirada de la cruz franquista de O Castro está haciendo tambalear la resistencia del alcalde a cumplirla. Según fuentes municipales, a la alcaldía de Vigo están llegando importantes presiones de dirigentes del PSOE, ante las que Caballero empieza a dudar.
De esta forma, una semana después del fallo aún no se ha presentado el anunciado recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para anular la sentencia de Vigo. Además, se ha valorado por parte de Caballero la opción de un traslado a otro emplazamiento de forma que le permita salvar la cara.
La sentencia en cuestión se produjo tras una denuncia de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36, que reclamaba la retirada de la torre por considerarla un monumento franquista que exaltaba a uno de los bandos de la Guerra Civil. Previamente habían pedido al alcalde que la retirara, pero se negó aduciendo que desde 1981 es un monumento a todos los caídos, no solo a los franquistas.
El fallo fue recibido con alborozo por la asociación, quien inmediatamente reclamó a Caballero que la cumpliera sin recurrir para dar carpetazo a este vestigió del franquismo. A su petición se sumaron el BNG, Esquerda Unida y Anova, mientras que el PP evitó respaldar expresamente al alcalde. Se limitó a decir que existen en la ciudad otras prioridades.
El problema para el alcalde de Vigo fue la repercusión que su decisión de evitar la retirada de la enorme cruz franquista de O Castro tuvo en toda España. Caballero fue entrevistado por las televisiones estatales y se hizo público el malestar de importantes dirigentes socialistas ante su decisión. Entre ellos, como dio a conocer este periódico, el del expresidente de Telefónica Luis Solana.
Las noticias que ayer trascendieron sobre la preocupación existente en el entorno de Caballero sugieren que se está buscando una solución que le permitiera salvar la cara, tras defender contundentemente y en público la decisión de recurrir. Entre ellas la de desmontarla con la excusa de buscar un emplazamiento alternativo. De hecho, el juez no obliga a demoler la cruz. El fallo solo condena al Concello de Vigo «a que proceda de forma inmediata a adoptar las medidas oportunas para la retirada del elemento arquitectónico denominado Cruz de los Caídos sito en el monte de O Castro de Vigo».
Sin embargo, el lunes pasado el alcalde vigués defendió ante los periodistas de manera enérgica su decisión de recurrir. Tras asegurar que no es un monumento franquista sino una simple cruz, insistió en que el Concello recurre todas las sentencias contrarias, lo que ni mucho menos es cierto y puede siempre tener el riesgo de tener que pagar costas. El Concello ya se había negado formalmente en marzo del 2013 a tirar el símbolo, como pidió la asociación demandante.
En cualquier caso, lo que se debate aquí es una cuestión política y no es otra que el cumplimiento de una ley de memoria histórica que aprobó el gobierno de Zapatero en su segundo mandato. Su tramitación fue muy compleja y los socialistas afrontaron duras críticas, por lo que el desmarque de Caballero ha sonado a traición.
En el caso de Vigo, el alcalde pactó con el anterior obispo mantener la cruz a cambio de retirar las inscripciones existentes en ocho iglesias, incluida la concatedral. Este acuerdo, que nunca se hizo público pero tampoco ha sido negado, se ha cumplido hasta ahora a rajatabla.