Armada y el exalcalde Carlos Príncipe apuntan a contratos en concesionarias
02 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El dirigente de la asociación ciudadana Xuntos, que ha llevado a la Fiscalía de Vigo la presunta existencia de una trama clientelar en el Concello vigués, insistió anoche en Vía V, el programa de V Televisión que dirige la periodista Fernanda Tabares, en que la Justicia debe investigar lo que está ocurriendo. Aludía a los 16 casos de contratos de familiares de cargos socialistas y al hecho de que el PP elevó la cifra a más de 200. «Estoy seguro de que que si no se descubre es porque no se quiere investigar a fondo».
Armada se manifiestó convencido de que existe «una trama», aunque reconoció que no tienen pruebas documentales «ya que en ese caso en lugar de acudir a la Fiscalía para que investigue hubiera presentado una denuncia». Aunque se basa en la denuncia que hizo el exalcalde Carlos Príncipe, afirmó que «personal de FCC le está remitiendo información sobre contratos de familiares de concejales y dirigentes del PSOE vigués ahora en el Concello y antes en el Puerto, cuando lo dirigía Abel Caballero».
Príncipe apuntó en el debate la veracidad del hecho de que una hermana de la concejala y diputada Carmela Silva ha cobrado sin trabajar de una concesionaria, «aunque a lo mejor no es fácil de demostrar ni siquiera si se investiga, ya que a lo mejor cobraba de otra delegación de esa sociedad». «Yo fui alcalde y desde luego en mi etapa no entró la policía a registrar el Concello», añadió en alusión al registro de departamentos municipales el 18 de febrero en la Operación Patos, todavía en fase de instrucción.
Xosé Luis Barreiro recalcó que hechos como los denunciados producen «estupor» en la ciudadanía, y coincidió con Roberto Blanco Valdés, ambos participantes en el debate, en que si se investiga debe hacerse con rapidez. «No valdría de nada que dentro de veinte años, cuando Abel Caballero lleve diez jubilado de la política, se le condene». Ambos coincidieron en la dificultad de llevar el caso adelante por la vía judicial. Blanco Valdés ve los hechos «merecedores de que se abra de inmediato una investigación». Cree que sería un «despropósito inhabilitar a un alcalde retirado», en alusión a lo ocurrido con Baltar en Ourense.