Dementes y alcóholicos lusos son explotados como gorrillas en Vigo

E.V.PITa VIGO / LA VOZ

VIGO

Un gorrilla busca propina como aparcacoches en Rosalía de Castro, en la tarde de ayer.
Un gorrilla busca propina como aparcacoches en Rosalía de Castro, en la tarde de ayer. ÓSCAR VÁZQUEZ< / span>

Un fiscal de Barcelos denuncia que trabajan en «régimen de semiesclavitud»

25 jul 2014 . Actualizado a las 14:59 h.

La Fiscalía de la localidad lusa de Barcelos sigue la pista en Vigo desde el 2013 de la suerte que han corrido varios compatriotas alcohólicos y personas con problemas mentales que fueron captados por una red de explotadores laborales que les obliga a trabajar en la ciudad gallega en «régimen de semiesclavitud».

Según las averiguaciones hechas por las autoridades de Barcelos, estas mafias localizan a posibles víctimas entre ciudadanos portugueses que padecen problemas mentales o con adicción al alcohol y que viven al borde de la miseria. Les prometen un salario digno por realizar un trabajo en Vigo, ciudad a la que los trasladan inmediatamente. Una vez en Galicia, los trabajadores se topan de bruces con la realidad: de las promesas hechas no hay nada, el contrato es falso y todo resulta ser un burdo engaño. Así lo revela un informe de la Fiscalía de Extranjería de Vjgo en la memoria del 2014 (ejercicio 2013).

Una vez en Vigo, la red los obliga a trabajar en condiciones de «semiesclavitud» en oficios como el de aparcacoches o gorrilla en los aparcamientos de la ciudad. Los explotados tienen que entregar todas sus propinas a la organización tras pasar largas jornadas en busca de plazas libres para los conductores. Otras veces, la red los pone a mendigar por las calles de Vigo y, al terminar el día, entregan todas sus limosnas al cabecilla. Deben cumplir un mínimo diario.

Otro trabajo que las bandas les encomiendan a sus explotados es montar las piezas de las atracciones de feria, que requiere gran esfuerzo físico e intensivo en jornadas de 8 o 10 horas diarias. Todo ello sin cobrar nada porque sus explotadores se quedan con todas las ganancias, según denuncia la fiscala de Extranjería.

El juzgado de Instrucción número 2 de Vigo investiga dos de estas denuncias presentadas por la sección de Extranjería de la Fiscalía de Vigo, según revela la memoria del 2013 de la Fiscalía de Pontevedra. La acusación viguesa interpuso ambas denuncias tras recibir la documentación que presentó la Fiscalía de Barcelos ante el Ministerio de Justicia para que España abriese una investigación sobre la explotación de sus compatriotas.

Los fiscales vigueses sostienen que, a efectos prácticos, estarían antes dos casos de trata de seres humanos en el 2013 pero, técnicamente, no pueden ser calificados así por ser los hechos anteriores a la entrada en vigor de la reforma legal del 2012.

Sin embargo, en el 2014, saltaron nuevos casos en O Porriño y Ponteareas, por lo que la Fiscalía ha interpuesto dos denuncias más por el nuevo delito del artículo 311.2 del Código Penal que ha llevado a los juzgados de instrucción 3 de O Porriño e instrucción 1 de Ponteareas a abrir sendas investigaciones.

La captación de esclavos en el norte de Portugal no es nueva. Hace una década, una red española fue descubierta y acusada de reclutar a discapacitados psíquicos a los que engañaba para trabajar en la vendimia y luego no les pagaba y los coaccionaba para que no huyesen. Algunos lograron escapar tras estar cautivos como peones en La Rioja.

La reforma de diciembre del 2012 impone penas de prisión de seis meses a seis años y multas a quienes, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

Competencia desleal

La reforma legal destaca la gravedad de esos abusos. Sostiene el legislador que los perjuicios ocasionados por estas conductas son «evidentes». Por un lado, el explotador negaría los derechos que en materia de Seguridad Social puedan corresponder a los trabajadores por el período en el que prestan sus servicios de forma irregular. Por otro, los «perniciosos» efectos de que haya explotadores que produzcan bienes y servicios a unos costes laborales muy inferiores a los que han de soportar aquellos otros que lo hacen cumpliendo con sus obligaciones legales, «lo que distorsiona la competitividad y desincentiva la iniciativa empresarial».

Ante tal gravedad, la pena máxima se eleva a 6 años de cárcel.