También hay miles de ejecuciones de sentencias archivadas por insolvencia
20 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Los jueces de civil de Vigo rastrean la existencia de bienes y nóminas de 15.269 morosos vigueses para localizar sus propiedades y embargárselos o subastarlas en cumplimiento de una sentencia. Estas ejecuciones de sentencias de civil que siguen activas suponen un trabajo adicional para los 14 juzgados de primera instancia (sin contar los 2 especializados en familia).
De las 15.000 ejecuciones activas actualmente, solo 5.000 entraron en el último año. Las otras 10.000 han sido heredadas del pasado. Esto se explica porque una vez que el juez dicta una sentencia, el condenado puede hacerse el remolón para pagar su deuda. Aquí empieza la fase más complicada de la ejecución. Los funcionarios hacen pesquisas casi detectivescas y bucean en las bases de datos de los registros de propiedad, la Dirección General de Tráfico o Hacienda para detectar cualquier propiedad que esté a nombre del condenado, por ejemplo, un coche de segunda mano, una cuenta corriente que rinda intereses o el alquiler de un piso. Todos estos bienes serían embargados, en la parte proporcional que les corresponda, para saldar la deuda que reconoce la sentencia. Una vez localizados, el juzgado ordena al Servicio de Notificaciones y Embargos que proceda a detraer la suma o incautarse del bien. Algunas cantidades son tan elevadas, que estas ejecuciones siguen vivas varios años. «La ejecución es lo más lento y difícil del proceso, hay que encontrar los bienes y conseguir cobrar. Hay gente que paga muy pronto, se empieza la ejecución y se cierra en una semana y se archiva. Si tienes 100.000 euros pagas rápido pero si no puedes dar ni 100, la cosa va más lenta, no aparecen bienes y la búsqueda se demora mucho, la ejecución queda parada hasta que el condenado cobra un salario», dicen fuentes judiciales.
Prácticamente, todas las ejecuciones de civil equivalen a un año de trabajo en Vigo, pues son tantas como los asuntos nuevos y las demandas de ejecución de títulos que entran en cada ejercicio.
A mayores de las ejecuciones de civil vivas en trámite, existe otra montaña de expedientes que yacen ocultos en los archivadores. Hay miles de órdenes de cumplimiento de sentencia que duermen archivadas porque los funcionarios no localizaron ningún patrimonio del deudor y, al ser insolvente, la sentencia nunca se llegó a cumplir. «Las ejecuciones que no se mueven más de un año acaban archivadas, en cada juzgado hay miles de ellas paradas», dice un experto.
Este volumen de ejecuciones que permanece «dormido» se explica porque los magistrados solo disponen de un año de plazo para descubrir algún bien del deudor condenado a pagar. Una vez transcurrido, la reclamación es archivada provisionalmente por la imposibilidad del cobro. Esos asuntos congelados se reactivan el día en que el juzgado descubre que un condenado ha encontrado empleo y empieza a cobrar un salario o hereda una finca que puede ser embargable y los trámites se reactivan.
La inmensa mayoría de las ejecuciones de civil pretenden el cumplimiento de sentencias de reclamación de cuantías, como el impago del préstamo para comprar un coche, pero también hay por otros asuntos. Aquí se incluyen las ejecuciones de sentencias familiares, por ejemplo, sobre alguna decisión respecto al hijo de una pareja divorciada. O los lanzamientos, que es el desalojo de un propietario cuyo piso o tienda ha sido subastado para cambiar la cerradura y entregársela al nuevo dueño. También afecta al otorgamiento de escrituras. Y también hay sentencias que obligan a hacer algo o, por el contrario, a no hacerlo. Es el caso de un juez que ordena a una empresa terminar una obra por la que ya había cobrado, a un promotor a reparar algún desperfecto o un paisano a desmontar un muro construido en las leiras de su vecino.