La Audiencia Nacional anula los interrogatorios policiales a empleados de Pescanova
VIGO
El auto desautoriza al juez Ruz que ordenó la toma de declaraciones en la sede de Chapela
27 jun 2014 . Actualizado a las 02:09 h.La Audiencia Nacional ha asestado un importante varapalo a la investigación abierta por el juez Pablo Ruz sobre las irregularidades contables que han llevado a Pescanova al borde de la quiebra.
En un auto dictado el 24 de junio, la Sala de lo Penal invalida los interrogatorios realizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) a cinco empleados de los departamentos financiero e informático de Pescanova, a instancias del juez, por considerar que se produjo una extralimitación de competencias.
La decisión, que da la razón a los recursos de apelación presentados por el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, al que se adhirieron Fernando Fernández de Sousa, López Uroz, García Calvo, Turci Domingo, y el fondo Silicon Metal Holdings, supone la anulación de testimonios recopilados por la UDEF en un extenso informe que, fuentes de la acusación, consideran clave en el proceso para probar los delitos de estafa y falsedad documental.
Pruebas de estafa
Por ejemplo, en este documento policial encargado por Ruz y entregado al juez el pasado mes de febrero, los agentes que llevaron a cabo las pesquisas y los interrogatorios en las dependencias de Chapela, concluyeron que Pescanova transfirió 6 millones de euros a sociedades mercantiles controladas por el entonces presidente de la compañía.
«Esa transferencia de dinero se solicitó desde la propia central de Pescanova para que se realizara de forma urgente, dando vagas explicaciones y transmitiendo cierta opacidad [...] y transmitiéndose gran nerviosismo en su realización por parte del personal de Pescanova», decía el informe policial basado en las declaraciones anuladas.
Detallaba que un empleado declaró que la transferencia podría obedecer a la devolución de un préstamo que De Sousa habría dado a la empresa, aunque la UDEF precisaba al respecto que, «hasta la actualidad, a este grupo investigador no le consta la existencia de ese contrato de préstamo».
Reprimenda a Ruz
En otro documento policial, los agentes citaban testimonios de empleados relatando cómo recibían órdenes expresas de negar la emisión de facturas falsas por parte de la empresa, y cómo «tenían prohibido pasar llamadas con quejas de clientes a los superiores».
Sin embargo, el interrogatorio que realizaron los agentes para recabar estos testimonios no se ajusta a derecho, y por eso la Audiencia Nacional lo ha invalidado.
Fuentes del proceso avanzaron ayer que, como consecuencia del auto, «algunas de las actuaciones llevadas a cabo después de estas declaraciones tomadas por la policía en Pescanova pueden ser anuladas».
En el auto, la Audiencia recrimina a Ruz por delegar en funcionarios de la policía la determinación de si convenía o no tomar declaraciones a cinco empleados de Pescanova en busca de indicios de delito. Para el tribunal, este tipo de «encomiendas o delegaciones» por parte del juez instructor resultan «inadmisibles».