El alcalde de O Porriño carga al Concello la minuta de su abogado

Monica Torres
Mónica Torres O PORRIÑO

VIGO

El BNG le exigen que anule el decreto por el que le representa un bufete de Vigo

27 jun 2014 . Actualizado a las 04:28 h.

El uso de fondos públicos para afrontar gastos judiciales de concejales electos vuelve a estar de actualidad. A principio de mes siete ediles del ejecutivo local de Santiago fueron condenados a nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por sufragar con cargo a las arcas municipales la defensa de su compañero imputado en la operación Pokémon. El escenario ahora se traslada al sur de la provincia de Pontevedra, a la villa del Louro.

El BNG censuró ayer que el alcalde de O Porriño, el popular Nelson Santos, imputado en un caso de presunta prevaricación administrativa, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en relación a supuestas contrataciones irregulares costee su defensa con cargo a las arcas municipales. El portavoz nacionalista, Pedro Pereira, hizo público un decreto firmado por el regidor con fecha del 30 de mayo del 2013 en el que realiza un error conceptual sobre uno anterior, del 13 de marzo. En este primero se da cuenta del nombramiento de los abogados colegiados de la oficina de Vigo de Lealtadis para que asistan, representen y defiendan a José Nelson Santos Argibay en las diligencias previas de dos procedimientos abreviados seguidos en los juzgados números 1 y 3 de O Porriño. Por este concepto fue abonada una factura, transferida el 5 de abril del 2013, por importe de 4.840 euros en concepto de provisión de fondos a Lealtadis.

En el decreto de mayo y tras la corrección de la oficina de abogados sobre la minuta, se advierte que el concepto debe cambiarse a «Intervención en fase instructora en defensa de José Nelson Argibay en procedimiento de diligencias previas seguidas en el juzgado número 1». En esta sala de O Porriño se seguía la causa por la presunta contratación de un ingeniero, pero la jueza se inhibió a favor del número 3 al apreciar concurrencia de delitos tras incoarse una segunda causa por contrataciones, supuestamente irregulares, de obras y servicios a determinadas empresas.

Los nacionalistas reclaman que el alcalde devuelva el importe de la factura ya abonada. Su portavoz explica que se dieron cuenta de cómo se estaba afrontando la defensa del alcalde en la revisión de la cuenta general del 2013, pendiente aún de la aprobación del pleno.

Pedro Pereira considera que «estos delitos no son propios de la gestión del cargo público que ocupa Nelson Santos, sino que son derivados del abuso de su cargo como alcalde y de una desviación de poder en convergencia con intereses particulares». El decreto firmado por el regidor, destaca Pereira, habilita la previsión de fondos para su defensa letrada, tanto en la instrucción de la fase de diligencias previas como en la apertura de juicio oral y, si la hubiera, en apelación.

«No es de recibo que el Concello se tenga que hacer cargo de estos gastos. El alcalde solo estaría legitimado para solicitar el pago de estos conceptos de existir una sentencia absolutoria, pero nunca antes», defienden los nacionalistas. EL BNG presenta la moción que debatirá el pleno de la corporación de O Porriño el lunes y en la que se pide la dimisión del alcalde y de los otros dos ediles del equipo de gobierno imputados en este proceso bautizado como Multiusos, José Manuel Jacobo y Manuel Alejandro Lorenzo. La propuesta incluye la exigencia de que los ediles populares no imputados se posicionen sobre esta situación, que, a entender de los nacionalistas, es «insostenible». «Los que no estén imputados tienen dos opciones claras si no quieren permanecer como cómplices: o forzar relevos dentro de su grupo para que el mandato termine con la mínima normalidad o apartarse del gobierno», indica Pereira.

Los nacionalistas han convocado además una concentración de repulsa «contra la corrupción», coincidiendo con la sesión plenaria del lunes a las seis de la tarde.

Ese día se debatirá también la moción de reprobación que defenderá el PSOE, grupo personado como acusación popular en la operación Multiusos. Todos los ediles deberán definirse sobre su apoyo al alcalde. Habrá que esperar hasta entonces para saber si la moción afectará a la gobernabilidad de Santos, que ostenta la alcaldía con 10 concejales frente a 2 del PSOE y 5 del BNG.