El interventor porriñés pide irse tras revelar irregularidades en el Concello
VIGO
Miguel González declaró por contrataciones y puso reparos a facturas
13 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La olla a presión del Ayuntamiento de O Porriño está teniendo consecuencias políticas y de funcionamiento de la propia administración. El interventor titular del Concello, Miguel González López-Mosquera, que testificó varias veces en el juzgado por la presunta corrupción en el ayuntamiento, no aguanta más el ambiente viciado que se respira dentro del edificio de Antonio Palacios y ha pedido su traslado en comisión de servicios a la Diputación de Ourense. De esta manera no pierde su puesto en el Ayuntamiento, al que podrá volver cuando haya concluido el tsunami judicial que está sacudiendo a la institución, con un alcalde, un teniente de alcalde y un concejal imputados por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y contra los derechos de los trabajadores.
El interventor ya tuvo que declarar a comienzos del año 2013 por el caso de la presunta contratación irregular de un ingeniero, pero posteriormente ha tenido que volver a hacerlo en el marco de la investigación contra la supuesta contratación irregular en el Concello. El funcionario municipal puso reparos a facturas de los años 2010 a 2013 que suman 4 millones de euros.
Miguel González lleva tiempo meditando desaparecer de la escena municipal durante una temporada. Y a pesar de que personalmente el traslado a Ourense sea un inconveniente, porque tiene su residencia en Tui, profesionalmente puede suponerle un alivio ya que logrará trabajar con más sosiego hasta que toda la situación judicial se aclare definitivamente. De este modo, si le vuelven a llamar para testificar no tendrá que hacerlo con una presión que ahora es más palpable.
Diz Guedes
González puso reparos a la contratación de 21 autónomos, entre ellos el del letrado Juan Miguel Diz Guedes, que fue conselleiro con Manuel Fraga y es asesor jurídico del Concello de O Porriño.
Uno de los reparos más frecuentes que ha puesto el interventor a las facturas consiste en que algunas de los trabajos encargados a una misma empresa se dividían en varias fases con objetivo de que no se superasen los límites legales a la contratación directa sin concurso público, establecidos en 18.000 euros. Así se podían adjudicar presuntamente obras mayores sorteando las limitaciones legales. El interventor puso reparos a los albaranes de 58 empresas, principalmente a facturas de la mercantil Instalaciones de Madera y pavimentos Ibérica, Impi, una compañía creada en el año 2010 que prestaba numerosos servicios al ayuntamiento, sobre todo en labores de mantenimiento de jardines y en obras menores.
El alcalde, Nelson Santos, levantó muchos de estos reparos al no advertir que se produjese ninguna irregularidad a la hora de abonar estos gastos. Sin embargo, según la Guardia Civil «la intervención informaba con carácter general que se estaban vulnerando los principios generales de contratación pública: libertad de acceso a licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.
Dentro del Ayuntamiento hay más enfrentamientos por la situación judicial después de que se revelasen las conversaciones del alcalde sobre el concejal Manuel Carrera y las declaraciones del teniente de alcalde, José Manuel Jacobo, descalificando a este edil como testigo. «Esto se ha convertido en un lugar irrespirable», señalan fuentes municipales. O Porriño constituye una patata caliente para el PP que todavía no ha tomado una decisión sobre el liderazgo en la villa. De momento lo único que ha ocurrido ha sido un aplazamiento del congreso local del partido.